Inicio Columnas Carlos García y Cabeza de Vaca, enemigos de la Libertad de Expresión
EN PARTIDA DOBLE
ALEJANDRO MARES BERRONES
La actuación del gobernador fue la de un vulgar virrey…
…Y la del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, como su fiel lacayo
Si bien es cierto, que la iniciativa de reforma y adición al Código Penal para el Estado de Tamaulipas fue enviada por el Poder Ejecutivo, fue la LXIII legislatura del Congreso Local, la que por unanimidad la votó a favor, por indicaciones de Carlos García González, presidente de la Junta de Coordinación Política, esto ha dejado muy mal parado al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a 6 meses de su gobierno de “los vientos de cambio”…
Carlos García González, de nada le ha servido el haber sido dos veces diputado federal por el PAN y de manera “fastrack” convirtió a Cabeza de Vaca en enemigo de la libertad de expresión…
Y es que si a alguien odian los panistas, es precisamente a los periodistas, estas reformas no solo atentaban contra los ciudadanos comunes, también contra los profesionales de la pluma, la radio, la televisión y contra aquellos que practican el ciberperiodismo y todo por culpa de Carlos García González…
Y es que este diputado “de marras”, al asumir el puesto de presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se llevó con él, como parte de su cuerpo técnico a sus “bañaperros”, entre ellos Carlos Reyes…
LA VERSION PRIISTA
Fue el legislador priista, Alejandro Etienne Llano, quien públicamente le puso el dedo al ahora tristemente célebre de Carlos García González, quien a partir de hoy y para siempre será conocido como el más mediocre y sumiso de los presidentes de la Junta de Coordinación Política que ha tenido el Congreso del Estado.
Etienne Llano dijo:
“El decreto se votó en “FastTrack”, apenas el miércoles (29 de marzo) recibimos el decreto del Ejecutivo para reformar, adicionar y derogar disposiciones del Código Penal del Estado”.
Agregó:
“Dos horas antes de iniciar la sesión ordinaria nos entregaron el documento de 31 páginas y en cuestión de minutos votamos a favor”.
Y vergonzosamente se excusa:
“Nosotros (los priistas) lo aprobamos en el ánimo de no regatear ninguno de los esfuerzos que se estén haciendo en materia de seguridad”.
Las intenciones de reforma y adición al Código Penal del Estado de Tamaulipas, que pretendía el gobierno de Cabeza de Vaca y el propio Carlos García González, y que violan los artículos 6 y 7 constitucionales, corrió como reguero de pólvora, a lo largo y ancho del estado, en cuestión de horas, el tema llegó a nivel nacional y más tarde al plano internacional, al grado que el gobernador, fue catalogado de represor por esa “LEY MORDAZA” y enemigo de la libertad de expresión…
LOS CANACOS, DUROS Y A LA CABEZA
En Matamoros los primeros en manifestarse contra las pretensiones del gobernador y las de su lacayo Carlos García González, fueron los directivos de la Cámara Nacional de Comercio y en voz de su director jurídico Christian Eduardo Pérez Cosio, solicitaron:
“Solicitamos al Congreso del Estado de Tamaulipas y al Presidente de la Junta de Coordinación Política el revisar las implicaciones legales de inconstitucionalidad y de coacción a la libertad de expresión que este decreto implica, la Federación de Cámaras de Comercio está en contra de este decreto y no apoya ni apoyará ningún intento por pretender limitar las expresiones u opiniones personales o de medios…
Pedimos formalmente al Congreso que de reversa a estas modificaciones al Código Penal y la Constitución del Estado y que en el futuro previo a cualquier ley o reforma de esta naturaleza se realice con las consultas a la sociedad y organismos empresariales”.
Por su parte, Julio Almanza Armas, alto dirigente de la FECANACO, dijo que esta federación reprueba cualquier intento de coartar o atentar contra la libertad de expresión, este decreto aprobado el 29 de marzo es primitivo y retrógrada y nos pone al nivel de Cuba, Korea del Norte o Venezuela por las implicaciones de censura que conlleva, por lo cual pedimos al Congreso del Estado y a su presidente Carlos García, revierta este decreto, censurador y anticonstitucional”.
Fue ARTICLE 19 el que más criticó al gobierno de Cabeza de Vaca y al nefasto y malévolo Carlos García González, que como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, es su obligación el no aprobar este tipo de leyes que atentan contra las garantías individuales de las personas consagradas en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…
ARTICLE 19 es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión, la que en el Congreso de Tamaulipas, que timonea el pastor de Carlos García González, estuvieron a punto de pisotear.
Esta organización defensora de la Libertad de Expresión toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual garantiza la libertad de expresión…
Con relación a lo que intentó el gobierno de Cabeza de Vaca y el Congreso del Estado al que mueve a su antojo, ARTICLE 19 sacó un boletín, el cual reproducimos íntegro para quede en la historia negra del Congreso del Estado, el cual ahora si podemos decir que mal timonea Carlos García González y a todas luces se observa que su patrón, es precisamente el gobernador del estado y no el pueblo de Tamaulipas.
EL BOLETIN DE ARTICLE 19
Y dice así:
Ciudad de México, 1 de abril de 2017.-El día 29 de marzo fueron aprobadas diversas reformas al Código Penal de Tamaulipas en “7”. El Congreso de aquel estado, con dispensa de trámite, aprobó la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, en la cual se incorporan diversos delitos que afectan directamente el ejercicio de la libertad de expresión.
“En el contexto vivido en Tamaulipas resulta especialmente preocupante dado que al clima de silenciamiento impuesto por la violencia, ahora se suma la censura impuesta por la ley para erradicar la única brecha que ha encontrado la información para salir: la ciudadanía a través de las redes sociales.
“Tres son los delitos recién aprobados que son susceptibles de ser utilizados contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión: 1) ultrajes, 2) “halconeo” y 3) modificación de información con fines de dañar o desprestigiar alguna persona o institución privada o pública (anti-memes).
“Los dos primeros, cabe recordar, ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“1) En el caso del “halconeo”, el cual es delito grave, el artículo 171 Quater establece penas de 7 a 15 años de prisión quien “en pandilla o dentro de una asociación delictuosa o banda, realice las funciones de obtener información o comunicar a la agrupación delictiva para comunicarles sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas” (Fracción VIII).
De la misma manera castiga a quien “por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectúe por hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos o por cualquier medio avise o indague sobre las actividades, operativos, ubicación o, en general, respecto de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las instituciones de seguridad pública”(Fracción IX).
“En este caso, señala que quedan exceptuados los periodistas que desempeñen su trabajo cuando difundan dicha información “después de que lleva a cabo” el operativo, y siempre y cuando la información no se encuentre “reservada por ley”.
Resulta sumamente lamentable, que a pesar de que dicho delito –aún vigente en 21 estados- ya ha sido declarado inconstitucional por el máximo Tribunal del país debido a su ambigüedad e imprecisión, el Congreso del Estado de Tamaulipas –por iniciativa del Poder Ejecutivo- insista en adicionarlo en la ley penal local.
Al respecto la Suprema Corte ha señalado que los delitos de halconeo tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico… al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico”.
2) De la misma manera, se reformó el artículo 189 del Código Penal del Estado de Tamaulipas para castigar con seis meses a dos años de prisión y 20 a cien veces del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien “ultraje toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas que pueda implicar ofensa o desprecio”.
Al igual que el delito de “halconeo”, el delito de ultrajes –aún vigente en 26 entidades del país- ya ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que es un delito sumamente ambiguo y carente de precisión en las conductas que pretende sancionar.
Adicionalmente, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicho delito inobserva el llamado sistema dual de protección de la libertad de expresión, el cual reconoce que los funcionarios públicos tienen un umbral menor de su honor y reputación, precisamente porque la naturaleza de su encargo les obliga a soportar las críticas y porque están sometidos a un riguroso escrutinio público.
En este sentido, tienen el deber de tolerar incluso aquellas expresiones que les puedan resultar chocantes, mordaces, irritantes y cáusticas.
LEYES DE DESACATO
Un aspecto particularmente preocupante, es que la modificación al artículo 189 del Código Penal de Tamaulipas incluye la llamada “ofensa a las instituciones”.
La CIDH, ha señalado desde 1995 que las llamadas “leyes de desacato” (ofensa a funcionarios e instituciones) son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos al brindar mayor protección a los funcionarios que a los ciudadanos y restar la posibilidad de un debate democrático robusto en el cual los poderes públicos se encuentren bajo control y escrutinio de la ciudadanía.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que los Estados no deben prohibir la crítica a las instituciones, como al Ejército y la administración.
3) Por último, el artículo 207 Quáter, prevé de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien “sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales, protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción.
“Peor aún, se aumentará una tercera parte de dicha pena cuando sea cometido en contra del gobernador o cualquier servidor público del Poder Judicial, la Procuraduría local, personas con cargo de elección popular y los gobiernos municipales.
Este tipo de delitos, además de la confusa redacción, pretenden castigar la crítica mediante los llamados “memes”, mismos que encuadran en el supuesto de “modificación” de la información contenida en sistema de cómputo o en redes sociales, como fotografías o imágenes.
En principio, este delito busca inhibir la utilización de redes sociales para abonar al debate público que por otros medios es mínimo o prácticamente nulo.
En particular, como lo ha sostenido de manera reiterada la CIDH, resulta desproporcionada la aplicación del derecho penal cuando se trata de discursos especialmente protegidos emitidos en internet, esto es, informaciones o expresiones sobre asuntos de interés público, funcionarios públicos o personas voluntariamente comprometidas en asuntos de interés público.
Relacionado con lo expuesto en cuanto al delito de ultrajes, la crítica de las instituciones es una actividad que se debe garantizar y respetar por el Estado, no castigar.
En todo caso el desprestigio de los funcionarios públicos se genera por sus propias acciones, no por un supuesto abuso de la libertad de expresión.
Todas las reformas y adiciones arriba descritas, violentan los principios básicos del derecho penal en el contexto de un “Estado Democrático de Derecho”.
Ello se traduce en un derecho penal que sea la última ratio e implique la mínima intervención sobre la conducta de las personas.
Debe tomarse en cuenta que la vigencia de estos delitos, aún sin aplicarse a personas en lo individual, causan un efecto inhibidor en la libertad de expresión, ante el peligro de que cualquier expresión relacionada con las autoridades sea castigada con cárcel.
Por ello, ARTICLE 19 “exige que el Gobernador del Estado de Tamaulipas ejerza sus facultades de observar estas modificaciones (veto) con la finalidad de que el Congreso del Estado, reconsidere y remueva las disposiciones que agravian directamente la libertad de expresión. En caso de publicarse estas reformas, ARTICLE 19 exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que ejerza su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad contra las mismas”.
Lo anterior fue lo que ARTICLE 19 dio a conocer y que me parece que debe quedar para la posteridad, pues lo que pretendía el gobierno panista era castigar a quien se burlara de sus funcionarios a través de las redes sociales y lo peor es que pedían cárcel para quien lo hiciera, inclusive para los periodistas…
EL VIRREY Y SU LACAYO
Ese ataque a la libertad de expresión de los tamaulipecos lo realizó Carlos García González y el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que para acabarla de amolar son primos.
Para cubrir un poco la vergüenza, ante el pueblo de Tamaulipas y la comunidad nacional e internacional, Cabeza de Vaca y su gobierno emitió el comunicado TAM-102-2017, fechado en Abril 2 del 2017, en cual reconoce lo absurdo y la ignominia que estuvo a punto de cometer.
El comunicado de la vergüenza reza:
“El Gobierno de Tamaulipas reitera que la esencia de la reforma al Código Penal de Tamaulipas, tiene como objetivo fundamental contar con elementos jurídicos para sancionar conductas realizadas por personas y grupos vinculados con la delincuencia, las cuales atentan contra la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos”…
“La reforma tiene como objetivo eliminar el denominado “halconeo”, que se ha extendido en varias localidades como una representación más del crimen organizado, que aprovecha para alertar la presencia de fuerzas policiales o armadas y evitar sus operativos; la reforma también pretende evitar que los servidores públicos de todos los niveles sean exhibidos y se comprometa su integridad física o su vida”.
Se defiende:
“El uso de herramientas tecnológicas es habitual entre los grupos delictivos, razón por la cual la reforma las consideró como un aspecto central para sustentar la relación causal que puede haber entre la comisión de los delitos y su encubrimiento, como en el caso del llamado halconeo”.
Luego llora sobre la leche derramada:
“El Gobierno de Tamaulipas entiende y es sensible a las preocupaciones que ha generado la reforma entre quienes ejercen el periodismo y usan los medios digitales como forma de interacción para mantener informada a la población, e incluso para evitar que la gente corra riesgos innecesarios en situaciones de emergencia…
“Sin embargo, esta reforma no implica ni restricciones indebidas, ni censura alguna, pues los derechos a la libre expresión y a la información de todas las personas, en especial de los periodistas y comunicadores, se encuentran plenamente garantizadas”.
Negó, lo que por decretó intentó:
“En ningún momento se planteó que las adecuaciones tuvieran como fin coartar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, y mucho menos, las acciones de particulares que den a conocer hechos en el momento en que ocurren”.
Y dijo que respetará a los periodistas:
“El Gobierno de Tamaulipas está comprometido con respetar el ejercicio libre del periodismo y la libre expresión de los ciudadanos, pero sobre todo, tiene un fuerte compromiso con los tamaulipecos que demandan acciones legales y efectividad de las corporaciones de seguridad, para recuperar la paz, el orden y la tranquilidad social”.
Y reculó el gobernador:
“Por tal razón, en uso de sus atribuciones legales, el Gobierno de Tamaulipas ha decidido no promulgar la reforma al código penal, y este próximo lunes 3 de abril, estará presentando al Congreso del Estado los ajustes correspondientes”.
EL ODIO A LOS PERIODISTAS
Con esto queda claro, que el gobierno de Cabeza de Vaca, tiene un gran problema en su relación con los periodistas, pues desde su llegada al poder, ha relegado a los comunicadores e inclusive en Matamoros, en algunas de sus visitas, ya se dieron algunas confrontaciones contra nuestros colegas, por parte del aparato de seguridad del gobernador y también por parte de su coordinación de comunicación social…
Al parecer, Cabeza de Vaca, cree que los periodistas de Tamaulipas somos delincuentes…lo que pretendió el gobernador, es una vulgar y corriente actitud de virrey y su pastor congresal, su lacayo de Carlos García González, es grave, lo bueno fue que estas leyes no se promulgaron…
Y cuando digo “lo bueno”, eso es para ellos, porque de lo contrario, estaríamos exigiendo la renuncia o juicio político contra el gobernador y su lacayo Carlos García González, quien pretende ser alcalde de Matamoros, porque él dice que ya le toca… ‘robar’…mejor que sea mayor de Brownsville, Texas en donde realmente vive.
Nos vemos en la próxima y recuerden: ¡El lenguaje como legítima defensa!.
