Agencias
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de investigación del ICFJ en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Hacia finales de 2019 en México había 306 obras hospitalarias cuya construcción se había dilatado y seguía inconclusa, 22 de ellas en los seis estados de la frontera norte: algo desfavorable para la población en el contexto de la crisis originada por la pandemia del Coronavirus.
Sólo la infraestructura en el norte del país suma una inversión de cuatro mil 254 millones de pesos sin utilizar. Este reportaje analiza las causas que han detenido tres hospitales en el noreste del país: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los resultados van desde el favoritismo a constructores, el incumplimiento de anticipos de obras y fallas de supervisión gubernamental.
Un arbusto silvestre con flores amarillas crece de entre los escombros. Alrededor montones de tierra, tablaroca destruida y pedazos de concreto. Los desechos desperdigados son testigos silenciosos de las irregularidades, fallas e incumplimientos que han retrasado por más de cinco años la apertura del Hospital Oncológico de Coahuila, un centro especializado en la atención de pacientes con cáncer y que ahora el gobierno federal pretende habilitar para atender la emergencia del coronavirus.
En el noreste de México existen al menos tres edificios de salud como el de Coahuila que han retrasado su operación por años y duplicado sus costos debido a deficientes manejos económicos y administrativos que han impedido que miles de habitantes accedan a mejores servicios de salud.
Al cierre de esta investigación, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sumaban 159 casos de Coronavirus (con corte al 3 de abril), sus gobernadores han pedido recursos federales para atender la pandemia como una catástrofe y han alertado que el tema migratorio coloca en mayor riesgo a la población de la región noreste. Sin embargo, en sus ciudades cuentan con infraestructura hospitalaria que acumula hasta seis años sin lograr concluirse.
La Secretaría de Salud federal durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto firmó tres convenios con los gobiernos de Rubén Moreira Valdez, en Coahuila; Rodrigo Medina, en Nuevo León, y Egidio Torre Cantú, en Tamaulipas para construir y equipar hospitales de especialidades con recursos del fideicomiso del extinto Seguro Popular.
Debido a que estos proyectos no se concluyeron, al llegar los gobiernos de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón en Nuevo León y Francisco García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, se firmaron nuevos convenios federales para terminar los mismos hospitales pero tampoco se han logrado poner en operaciones.
Los proyectos que en origen debían estar terminados en un plazo de entre seis meses y un año, se prolongaron por cuatro a seis años más de lo proyectado.
La inversión inicial autorizada para los tres nosocomios, para infraestructura y equipamiento, fue de 979 millones 037 mil 435 pesos, pero tras las modificaciones, los retrasos y las suspensiones de las obras, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto tuvo que realizar un nuevo desembolso de 875 millones 845 mil 533 pesos para concluir los proyectos. Casi el doble del costo original.
Para los tres hospitales se autorizaron en total recursos por mil 854 millones de pesos. Hasta la fecha a las entidades se les han entregado mil 558 millones de pesos para la construcción y el equipamiento de los nosocomios que no han terminado.
Tras una revisión a los procesos de contratación de las obras, convenios de modificación de inversión y ampliación de plazos, así como a los informes de auditoría que la Auditoría Superior de la Federación ha realizado a las dependencias estatales y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la dependencia encargada de administrar y operar los recursos del extinto Seguro Popular ahora transferida al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), se logró documentar un esquema de violaciones y omisiones legales en que coinciden las diferentes dependencias de contratación de obra y adquisición de equipo médico en cada estado.
En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se repiten proyectos ejecutivos mal estructurados, retrasos en el pago de los anticipos a pesar de contar con el recurso autorizado, obras de mala calidad sin supervisión oficial y convenios modificatorios que se excedieron hasta en tres veces el plazo original para construir las obras.
También los tres estados del noreste repitieron la práctica de comprar el equipo médico antes de concluir la obra, material millonario que se encuentra empaquetado en bodegas y sin seguro contra riesgos.
La Auditoría Superior de la Federación ha señalado los errores y omisiones de los funcionarios responsables y ha ordenado sanciones administrativas, pero nada ha logrado que los hospitales abran sus puertas.
En una lona empolvada que yace en el piso desde hace meses se observan imágenes que anuncian un impresionante hospital de especialidades que debió concluirse en diciembre de 2014, hace casi seis años. Se trata de la promesa de un nuevo Hospital General en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.
El nuevo centro de atención médica se construye justo frente al pequeño y antiguo hospital de Sabinas, que sólo atiende consultas con médico general. Para ser atendida por un especialista, la gente de Sabinas Hidalgo y de los pueblos alrededor tiene que tomar carretera hasta por hora y media para llegar a Monterrey y allá recibir ese servicio.
El proyecto para el Nuevo Hospital General de Sabinas Hidalgo inició en junio de 2014, cuando se firmó un primer contrato por casi 200 millones de pesos en el gobierno de Rodrigo Medina.
El hospital de Nuevo León es el proyecto más complejo de entre los tres hospitales del noreste revisados.
Para su construcción se han realizado nueve contratos distintos y uno de ellos fue rescindido porque supuestamente el contratista abandonó la obra, aunque la versión del constructor revela una serie de deficiencias e irregularidades por parte del gobierno del Estado y de la supervisión externa, a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Ninguno de los nueve contratos terminó la obra en el plazo pactado, por eso tuvieron que autorizar 19 convenios modificatorios que prolongaron la construcción. El plazo pasó de uno a seis años. Tan sólo la primera etapa de la obra, que originalmente debía terminarse el 26 de diciembre de 2014, obtuvo tres convenios modificatorios que retrasaron la conclusión del contrato más de un año, hasta el 26 de febrero de 2016.
A mediados de 2016, ya entrado el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, la Secretaría de Infraestructura lanzó siete licitaciones al mismo tiempo para siete etapas del hospital: obra negra y exteriores, acabados, aire acondicionado, instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria y telecomunicaciones.
El paquete sumó otros 100 millones de pesos adicionales para el hospital.
Para los siete contratos se eligieron a seis empresas que acordaron el inicio de obras para el 1 de septiembre de 2016, con una fecha de conclusión del 28 de febrero de 2017, pero de nuevo, el plazo no se cumplió.
El inicio de por lo menos cinco contratos se tuvo que diferir porque el gobierno no entregó el anticipo a tiempo. Sin este recurso, el constructor no podría iniciar los trabajos.
Meses más tarde, la ASF observó esta práctica y aseguró que en ese momento el gobierno de Nuevo León ya contaba con los recursos para los anticipos, por lo que no había justificación para no entregarlos a tiempo.
“Los anticipos correspondientes no fueron puestos a disposición de las empresas contratistas con antelación al inicio de los trabajos, no obstante que se contaba con los recursos desde el 24 de junio de 2015”, señaló en su informe la ASF.
La práctica de diferir o suspender las obras por falta de recursos se repite en las tres entidades y se convierte en una de las principales razones por las que se retrasan las obras, sin embargo, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (ahora INSABI) asegura que los gobiernos estatales han recibido los recursos en los plazos pactados.
Con los aplazamientos en el hospital de Sabinas Hidalgo las cosas comenzaron a complicarse y los retrasos de unas empresas afectaron a otras que no podían avanzar en las áreas que estaban trabajando; esto se documentó en las actas de los convenios modificatorios, en los informes de la ASF y en el acta de rescisión de contrato que se elaboró contra una de las empresas constructoras.
En diciembre de 2017, la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León inició el proceso para rescindir el contrato a Gerencia de Proyectos y Construcciones del Noreste S.A. de C.V., una constructora que había ganado la licitación pública para realizar los acabados del hospital, la última parte de la obra, en un plazo original que debía concluir en febrero de 2017.
El acta de procedimiento administrativo de rescisión de contrato consiste en 52 páginas, de las que se posee una copia, en donde se detallan los argumentos del contratista por los que no logró concluir el contrato y las respuestas que le da la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León.
De ahí se concluye que, aunque la empresa hubiese deseado iniciar su trabajo en tiempo y forma, le fue imposible porque: el gobierno estatal no entregó el anticipo original a tiempo, esto provocó que el inicio de trabajos de las otras compañías proveedoras se reprogramaran y terminó afectando en sus plazos a la contratista que se encargaría de los acabados.
El contrato de Gerencia de Proyectos y Construcciones del Noreste fue suspendido provisionalmente mientras los contratistas avanzaban en sus etapas. Sin embargo, el 22 de junio de 2017, cuando la Secretaría de Infraestructura le notificó a la empresa que ya podía comenzar, esta rechazó hacerlo porque, según denunció, había deficiencias de construcción en el inmueble.
El 1 de julio de 2017 el contratista pidió una nueva suspensión en la que argumentó “que el contrato depende de avances de los contratos de albañilería, aire acondicionado, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas-sanitarias y telecomunicaciones, que a la fecha no han sido terminados y en algunos casos presentan detalles constructivos que requieren ser reparados, así como la falta de algunas instalaciones especiales importantes, como son gases medicinales”.
Extracto del Acta de Procedimiento Administrativo de Rescisión.
En la defensa que Gerencia de Proyectos y Construcciones del Noreste realizó en el acta de rescisión del contrato se enlistan por lo menos siete puntos en los que el contratista señala defectos de los otros contratistas, como la infraestructura hidráulica incompleta, inclinaciones en muros de concreto, columnas con exceso de dimensiones y el retraso en las instalaciones de gases medicinales, entre otros.
La Secretaría de Infraestructura aceptó que el constructor tenía la razón en todas las observaciones, pero respondió ante cada una de ellas que no eran un argumento válido para abandonar la obra y finalmente le rescindió el contrato.
Extracto del Acta de Procedimiento Administrativo de Rescisión.
La compañía también reveló a lo largo de su alegato que una empresa privada, INCA Ingeniería, Control y Administración SA de CV realizaba labores de supervisión externa sin tener ningún vínculo contractual con el Estado. Señaló que en varias ocasiones se les citó en las oficinas de la empresa y que eran notificados por personal de la empresa y no de la dependencia.
Ante esta reiterada acusación, la dependencia se limitó a responder que la supervisión externa estaba a cargo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y negó la existencia de INCA en el proyecto.
