Agencias
La semana pasada Zorayda Gallegos publicó en El País una investigación que revela desvíos en la compra de insumos por parte de la Dirección General de Industria Militar de Sedena. Estos desvíos, que sumaron 240 millones de pesos, ocurrieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se realizaron por medio de compras a ‘DRM Aceros Internacional’ una empresa a todas luces fantasma.
El esquema de desvío que describe Gallegos tiene varios elementos de uso frecuente en el catálogo mexicano de la corrupción. Hubo competencia simulada entre empresas de compadres, trampas para evitar las licitaciones públicas, y un proveedor ‘de papel’, sin experiencia ni activos acordes a los proyectos que ejecutaba. Se trató, pues, de un esquema bastante burdo, francamente de principiantes. Por lo mismo, resulta difícil creer que se llevara a cabo por años sin el conocimiento de varios funcionarios, no sólo en la Dirección General de Industria Militar, sino también en otras áreas de Sedena.
Ciertamente, los 240 millones de pesos que Sedena desvió a DRM palidecen frente a los grandes escándalos de corrupción en el ámbito civil. En la “Estafa Maestra” se habla de 7 mil 670 millones. En el caso de Javier Duarte no tenemos idea a cuánto ascendió el robo, pero la Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades durante la administración del exgobernador que alcanzan los 60 mil millones.
Lo preocupante del caso DRM no es el monto de lo robado, sino la actitud permisiva del gobierno. Ya en algunas ocasiones se ha interrogado a AMLO sobre la corrupción en el Ejército. Sus respuestas revelan la razón de la notoria debilidad que el Presidente ha mostrado hacia las Fuerzas Armadas. En enero, por ejemplo, AMLO señaló que “es muy raro saber de generales que formen parte de la oligarquía en México o que sean potentados”. Luego agregó que “la mayoría de los generales de división en activo son hijos de campesinos, de obreros, de maestros, comerciantes o mecánicos”. Al Presidente le simpatiza la cúpula militar en virtud de su origen supuestamente proletario. Es curioso, pero es la misma razón que explica las consideraciones que el Presidente ha tenido con El Chapo Guzmán y su familia.
Aunque en sentido contrario a la norma, AMLO se deja llevar por sus prejuicios. Ser potentado, fifi o gente bien; formar parte de la oligarquía; son etiquetas de clase. Atributos sociológicos si se quiere. Tienen que ver con los orígenes de las personas y los círculos donde se mueven. Tal vez con algunos de sus hábitos de consumo. Sin embargo, nos dicen poco o nada sobre su integridad personal.
El Ejército mexicano tiene un prestigio en parte justificado. Se trata de una institución meritocrática, donde por décadas se han formado cuadros más allá del oportunismo y de los vaivenes de la política (ese oportunismo y esos vaivenes que fomentan la corrupción rapaz de muchos de los que están ‘de paso’ en el gobierno). Es esa característica –y no el origen social de los generales de división– la que distingue a Sedena de la mayor parte del sector público, incluyendo las corporaciones policiales, que hasta ahora han sido siempre instrumentos de los gobiernos en turno, nunca verdaderas instituciones del Estado. En ese sentido sólo algunas contadas instituciones están a la par de las Fuerzas Armadas. El Servicio Exterior, el Banco de México y el INEGI son algunos ejemplos. Esta característica explica también que, hasta ahora, los casos de corrupción no hayan sido tan notorios en el Ejército como en otras partes (aunque tampoco son tan excepcionales como quiere pensar el Presidente).
Sin embargo, Sedena tiene también enormes debilidades. La principal es que se trata de un espacio en extremo hermético. En el sexenio de Felipe Calderón ese hermetismo se tradujo en una resistencia férrea a que los casos de violaciones graves a los derechos humanos fueran investigados y sancionados. Ahora que AMLO ha decidido que Sedena será la responsable de administrar proyectos clave de infraestructura, el hermetismo militar se podría traducir en una resistencia para rendir cuentas y en el inevitable surgimiento de casos de corrupción de mucho mayor calado.
La negativa a informar si se sancionó a los mandos militares que participaron en el caso DRM es un pésimo precedente. A eso hay que sumar los señalamientos que ya suenan fuerte sobre malos manejos en Santa Lucía. Bien haría el Presidente en dejar a un lado sus prejuicios y en tomar medidas ejemplares contra la corrupción en Sedena. De lo contrario, sospecho que en los próximos años los generales arrasarán en las ligas mayores de la corrupción.
