Agencias
La Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México inhabilitó por un año al exjefe de Gobierno y senador de la República, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la capital, a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por transgredir las normas electorales en 2018.
El Órgano de Control reportó que el pasado 5 de octubre impuso a Mancera Espinosa la resolución, fecha en la que comienza a correr la sanción y concluirá en octubre de 2021.
Dejó en claro que esta medida no lo imposibilita para continuar con sus labores como legislador del PRD.
La pena que se aplica es la mínima en materia administrativa, además de que no implica multa o castigo pecuniario, debido a que se trató de un delito no grave en materia electoral.
El castigo proviene de la queja que presentó el PRI en marzo de 2018 contra Mancera Espinosa, en su calidad de jefe de Gobierno, y de Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, por la difusión de promocionales en radio y televisión durante el periodo del proceso federal electoral 2017-2018 en favor de Ricardo Anaya Cortés, entonces candidato a la Presidencia por la coalición Por México al Frente.
En la resolución de la Primera Sala Regional se determinó que no se había cometido delito electoral alguno, pero el PRI impugnó la determinación y el caso se turnó a la Sala Superior, instancia que rectificó la resolución.
“El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró, por unanimidad de votos, la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda contenidos en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución federal, por parte del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Macera Espinosa, esto derivado de la difusión de diversos promocionales en radio y televisión en los que Mancera Espinosa expresaba las cualidades y apoyo al candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, transgrediendo el orden constitucional y legal”, refiere el documento.
Estos promocionales se realizaron unos días después de que dejó el cargo como jefe de Gobierno; no obstante, la entonces Asamblea Legislativa no había avalado la separación de Mancera Espinosa.
La Sala Superior consideró que los promocionales difundidos en los que aparecían el entonces mandatario capitalino y el gobernador de Chihuahua expresando por una parte las cualidades del entonces candidato presidencial, Ricardo Anaya, y por la otra, que estaban con él, transgredían el orden constitucional y legal.
También se precisó que si bien el mensaje no solicitaba de forma expresa el voto a favor del entonces candidato presidencial de la coalición, ni aludía a la plataforma electoral de éste, la aparición de los funcionarios públicos tuvo un impacto en la equidad de aquella contienda electoral, por lo que dichos servidores faltaron al deber de abstención durante el periodo de campaña.
