Un juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal en el estado de Tamaulipas determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una carpeta de investigación sobre la masacre de 19 personas en la ciudad de Camargo, 16 de las cuales eran migrantes guatemaltecos.
La tarde del 22 de enero pasado, a través de una llamada telefónica, pobladores de la región alertaron que en una brecha había un vehículo incendiado en el Ejido Santa Anita, del municipio de Camargo.
Al acudir al sitio, las autoridades localizaron 19 cuerpos calcinados, 16 de los cuales eran migrantes guatemaltecos que se encontraban en tránsito hacia Estados Unidos, y los otros tres eran mexicanos que supuestamente los cruzarían al otro lado.
Diez días después de la masacre fueron detenidos 12 policías estatales, quienes permanecen en prisión acusados de homicidio, abuso de autoridad y falsedad de documentos, dado que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas sospecha que alteraron pruebas en el lugar del crimen.
De acuerdo con el fiscal estatal, Irving Barrios Mojica, de las primeras indagatorias se tiene establecido que la muerte fue provocada por proyectiles de arma de fuego y después se incineró a las víctimas. Sin embargo, en el lugar no se encontraron casquillos, por lo que la dependencia presume que los hechos sucedieron en un sitio distinto al del hallazgo.
El multihomicidio alertó a los habitantes de Nuevo León por la conexión con Tamaulipas. En esa zona, la violencia es permanente por la disputa entre los cárteles del Noreste –grupo integrado por exZetas– y del Golfo, a quienes se responsabiliza del multihomicidio.
El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que la camioneta calcinada y con impactos de bala en la que se trasladaban los migrantes hacia a Estados Unidos habría sido detenida en el municipio de Escobedo, Nuevo León, en diciembre de 2020.
Sin embargo, “derivado de la omisión en los procedimientos administrativos y protocolos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento, al retener la camioneta Toyota, la unidad habría sido liberada y, de acuerdo con la indagatoria iniciada por la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, utilizada por parte de grupos del crimen organizado”.
El INM dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) para que investigara al personal involucrado y presentó una denuncia ante la FGR en la Ciudad de México.
El pasado 2 de febrero, en una conferencia de prensa, el fiscal tamaulipeco Irving Barrios Mojica sostuvo que, derivado de las primeras investigaciones, 12 policías estatales fueron aprehendidos por su presunta participación en la masacre.
Ante las inconsistencias en la investigación, por las declaraciones y reportes de los policías, jueces federales ordenaron la revisión de mensajes y llamadas, así como la geolocalización de sus dispositivos móviles, aquella fatídica noche.
