UAT: Tribunal ordena revisar elección del rector y abre la puerta por ilegalidad en estatutos

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Agencias

La cúpula de la UAT ha sido señalada como parte del mecanismo de desfalco del dinero público implementado por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Por Carlos Manuel Juárez.

El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito ordenó reponer el juicio de amparo que validó la elección del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza Cavazos.

El amparo 1780/2021 promovido la doctora Luisa Álvarez Cervantes que fue fallado a favor de Mendoza Cavazos presenta irregularidades validadas por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas.

Los magistrados indicaron revocar la sentencia dictada a finales de noviembre de 2021, que permitió la toma de protesta de Guillermo Mendoza, quien recibió el cargo de la mano del exgobernador y su jefe político, Francisco García Cabeza de Vaca.

En otra decisión emitida, el Tribunal pide a Álvarez Cervantes confirme si el reclamo de la inconstitucionalidad del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“De ser así, precise las autoridades que en relación con dichos actos estime como responsables; apercibida que de no hacerlo -sin previo acuerdo- se tendrán únicamente como actos reclamados los contenidos en su demanda de amparo inicial”, señala el acuerdo legal.

El movimiento de regeneración de la UAT

Académicos, alumnos y sociedad civil de Ciudad Victoria mantienen una protesta para exigir la regeneración de la UAT.

“Desde septiembre de 2021 emprendimos un camino, al que se sumaron cientos, con un propósito común: lograr elecciones libres, democráticas e incluyentes en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

“A un año de lucha por esta causa, duele reconocer que no existe el menor respecto a la legalidad en nuestra máxima casa de estudios, no se respetan las formas más elementales de civilidad, incluso académica”, indicaron en un mensaje publicado en redes sociales.

La cúpula de la UAT ha sido señalada como parte del mecanismo de desfalco del dinero público implementado por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

En julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Víctor Hugo Guerra García, entonces secretario de Administración, y 5 funcionarios universitarios por presunto desvío de recursos públicos.

La UIF encontró un esquema ilegal realizado a través del equipo de futbol Correcaminos, donde participan cuatro empresas que involucran al senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exmandatario Francisco García.

En la denuncia se apuntó a 10 personas físicas y morales que tuvieron movimientos financieros por 428 mil millones pesos.

Como parte de la investigación se detectó que Guerra García compró un departamento con valor de 6 mil millones pesos en Garza García, Nuevo León, en junio de 2019.

El valor del inmueble no concuerda con sus ingresos, sostuvo la UIF.

Ante el avance de la indagatoria federal, Víctor Hugo Guerra dejó el cargo en sigilo y en contubernio con el entonces rector José Andrés Suárez Fernández. A la par, interpuso amparos ante juzgados federales para evitar su posible detención y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

La UIF encontró un esquema ilegal realizado a través del equipo de futbol Correcaminos, donde participan cuatro empresas que involucran al senador Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exmandatario Francisco García.

En la denuncia se apuntó a 10 personas físicas y morales que tuvieron movimientos financieros por 428 mil millones pesos.

Como parte de la investigación se detectó que Guerra García compró un departamento con valor de 6 mil millones pesos en Garza García, Nuevo León, en junio de 2019.

El valor del inmueble no concuerda con sus ingresos, sostuvo la UIF.

Ante el avance de la indagatoria federal, Víctor Hugo Guerra dejó el cargo en sigilo y en contubernio con el entonces rector José Andrés Suárez Fernández. A la par, interpuso amparos ante juzgados federales para evitar su posible detención y el congelamiento de sus cuentas bancarias.