Alejandro Mares Berrones
Lo ocurrido el 3 de marzo de 2023, en Matamoros, Tamaulipas, demuestra la impunidad en la que operan los grupos delincuenciales en nuestro país y lo podrido en lo que se encuentra la procuración y administración de justicia.
El Cártel del Golfo, entregó los cuerpos y a los sobrevivientes de esta historia nunca antes vista, también puso a disposición a los responsables de esta “equivocación”, así lo catalogó el mismo grupo criminal a través de una cartulina, pero el FBI no se los cree.
AMLO mandó a Matamoros, a un grupo de elite de antisecuestros, pero con la presión que sintieron los criminales inmediatamente encontraron a los sobrevivientes, pero a dos de estos afroamericanos los regresaron a Estados Unidos en cajón de muerto.
Por el secuestro de Latavia Washington McGee, Eric James Williams y por los homicidios de Zindell Brown, Shaeed Woodard y la mexicana Areli Pablo Servando; el mismo Cártel del Golfo, entregó amarrados a cinco de sus sicarios.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, vinculó a proceso a Antonio de Jesús “V”, Luis “V”, Ever Noel “H”, Juan Francisco “L”, Gustavo “M”, por los delitos de secuestro agravado y homicidio simple intencional.
En el caso de José Guadalupe “G”, sujeto que fue detenido, cuando encontraron los cuerpos y a los sobrevivientes afroamericanos, a este lo vincularon a proceso por secuestro agravado, delito que se castiga, de 15 a 40 años de cárcel.
El delito de Homicidio Simple Intencional, según el Código Penal de Tamaulipas, tiene una penalidad de 12 a 20 años de prisión.
En Matamoros, el 13 de octubre de 2014, fueron ejecutados tres norteamericanos: Erika, Alex y José Ángel Alvarado Rivera, y el mexicano José Guadalupe Castañeda.
Homicidios que quedaron en la impunidad, pese a que la CNDH emitió la recomendación 77/2017, donde se señala la participación de elementos de la Marina y del Grupo Paramilitar Hércules, creado por la entonces alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar y su mano derecha Luis Alfredo Biasi.
A esos homicidios, los gringos no le dieron importancia, es más, ni en el caso del agente especial del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE), Jaime Zapata, ejecutado por Los Zetas, el 15 de febrero de 2021, en San Luis Potosí.
Por el homicidio de Zapata, fueron extraditados dos zetas, José Emmanuel García Sota y Jesús Iván Quezada Piña, purgan dos cadenas perpetuas en Estados Unidos.
La ejecución de Zapata contrasta con el secuestro y homicidio de los afroamericanos, por la difusión mediática que se le dio al caso Matamoros, tanto que retumbó en Washington y puso al gobierno de AMLO en la antesala de ser crucificado y a Tamaulipas, gobernado por Américo Villarreal como el peor de los estados en seguridad fronteriza.
El embajador Ken Salazar, ahora dice que desde el gobierno de Joe Biden, se formara un gran equipo para combatir el tráfico de drogas y el fentanilo, cuyas materias primas llegan desde China.
Los gringos aprovecharon muy bien el caso de los afroamericanos para presionar a México e incluso acalambrándolo con mandar sus tropas a nuestro país; pero en todo esto hay un mar de fondo.
Resulta que los cuatro afroamericanos todos tienen antecedentes penales por drogas en Estados Unidos y como ya lo dijimos, a los gringos los grupos criminales no solo les han asesinados a sus ciudadanos, también a sus agentes especiales, a personal de sus Consulados.
En fin, no será acaso, que como ahora AMLO tiene una mayor apertura con China y construye una refinería, lo que equivale a no comprarle combustible a E. U., esto les está afectando a los americanos.
La guerra contra los cárteles, no existe, como ocurría con Calderón, los gringos ya que no venden armas ni municiones, creo que el caso de Matamoros se dimensionó políticamente donde los republicanos y la oposición a AMLO sacaron raja política.
