Agencias
El presidente de la organización civil, Raymundo Ramos, reprobó que la recomendación 95VG/2023 “encubre la cadena de mando, la alteración de evidencias y la privación arbitraria de la vida de Gustavo Ángel Suárez Castillo y Jonathan Amos Aguilar Sánchez”, quienes habrían sido ejecutados.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras la emisión de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), relacionada con el ataque de miembros del Ejército mexicano a la camioneta en la que viajaban siete jóvenes, cinco de los cuales resultaron muertos, uno gravemente lesionado y uno ileso, el 26 de febrero en Tamaulipas, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) criticó la resolución por no considerar que los sobrevivientes fueron “víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
El presidente de la organización civil, Raymundo Ramos Vázquez, reprobó que la recomendación 95VG/2023 “encubre la cadena de mando, la alteración de evidencias y la privación arbitraria de la vida de Gustavo Ángel Suárez Castillo y Jonathan Amos Aguilar Sánchez”, quienes habrían sido ejecutados con tiros de gracia.
En un comunicado, Ramos Vázquez explicó que la recomendación se limita a considerar como responsables del ataque a cuatro militares, los mismos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideró responsables de los hechos, omitiendo pronunciarse por los 17 restantes que formaban parte del convoy militar que atacó la camioneta.
“En esta recomendación de la CNDH se encubre la actuación del capitán segundo de Caballería, Elio Conde Toledano y de los mandos superiores que tuvieron conocimiento de los hechos, como lo es el general Jorge González Gálvez”, comandante de la Guarnición Militar en Nuevo Laredo, señaló Ramos Vázquez.
Para el defensor, la recomendación “fue elaborada para complacer a la Sedena, y es muy probable que se haya redactado en el departamento jurídico de la Sedena, así de grande es el sometimiento de la CNDH”.
El defensor criticó que, en la recomendación, la CNDH sostuviera que inició la queja de oficio luego de monitorear medios de comunicación, soslayando que el mismo 26 de febrero, el CDHNL hizo pública la queja por el “abuso cometido por las fuerzas armadas”.
Recordó que el personal de la CNDH llegó a Nuevo Laredo seis días después de la masacre, comisionando para ello a cuatro abogados “olvidando enviar psicólogos para atender a las víctimas sobrevivientes y familiares, así como a peritos que documentaran los daños a viviendas aledañas y un vehículo particular que resultaron afectados”.
De la misma manera, apuntó, “la CNDH omitió informar la violación de las medidas cautelares cometidas por un grupo de militares la madrugada del domingo 5 de marzo, cuando se presentaron al domicilio de la familia Pérez Benítez, padres de Gustavo (uno de los fallecidos) y el sobreviviente Alejandro, para amenazarlos con detenerlos, acusándolos de pertenecer a un grupo criminal”.
El presidente del CDHNL señaló que el documento recomendatorio tampoco se pronunció “por los disparos con arma de fuego que en forma irresponsable realizaron algunos militares, entre ellos el teniente de Caballería Walter Abel Castro Guzmán, poniendo en riesgo a la población civil, así como las agresiones que sufrieron al menos nueve periodistas y un defensor de los derechos humanos”.
Otra omisión grave, añadió Ramos Vázquez, fue la “privación arbitraria de la libertad de la señora Sara Luna, mujer de la tercera edad, así como los daños materiales a su vivienda al recibir más de 40 impactos de bala disparados por los militares, así como las afectaciones emocionales para ella, su esposo y dos familiares más”.
El presidente del CDHNL anunció que en próximos días acudirá al Senado a solicitar que se llame a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y a la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, “para que informen sobre este acto de suma gravedad que privó de la vida arbitrariamente a cinco jóvenes y dejó a dos más con graves afectaciones de salud y emocionales”.
Ramos Vázquez reprochó que hasta ahora el organismo no ha sido capaz de documentar violaciones graves en Nuevo Laredo, como la del 26 de febrero o la muerte de la niña Heydi Mariana Pérez Rodríguez, registrada el 31 de agosto de 2022, por disparos de arma militares.
Ante la incapacidad, dijo que mantiene su exigencia de solicitar la renuncia del encargado de la Segunda Visitaduría Omar Jair Pasarán Niego y del secretario Ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada Correa.
