*Sanciones y castigos para funcionarios públicos abusivos
Alejandro Mares Berrones
La Contraloría Municipal, a cargo de la Licenciada Cinthia Denisse de la Torre Quintanilla, se ha convertido en la “mano dura” del gobierno que encabeza Alberto “Beto” Granados Fávila; aplicando sanciones y castigos contra funcionarios abusivos y deshonestos.
A todos por igual, se les aplica la Ley General y la Federal de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en atención a lo que establece el Código Municipal; si la parte acusadora, ratifica su queja o denuncia y aporta elementos de prueba suficientes para demostrar que el funcionario cometió una falta, este será sin duda, sancionado.
El procedimiento, para que un funcionario público sea sancionado pasa por tres instancias:
La primera es la Autoridad Investigadora, la que por oficio asigna un número de expediente a la queja o denuncia y una vez concluidas las diligencias de investigación se estudiará, analizará y verificará los datos y/o indicios obtenidos de las investigaciones realizadas a efecto de determinar la existencia o inexistencia de los actos u omisiones del o los servidores públicos y que la Ley señale como falta o faltas administrativas; las que en caso grave.
De existir los elementos suficientes, esta Autoridad Investigadora, emitirá un acuerdo que podrá ser en dos sentidos: el primero de calificación y determinación de las faltas administrativas, las cuales calificará de grave o no grave; el segundo es concusión y archivo, es decir, no se acreditaron elementos para sancionar al funcionario público. En este caso, el que denuncia, puede impugnar, en ambos casos la autoridad notifica a las partes.
Determinada la calificación de la falta, la Autoridad Investigadora, rinde un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y turna el expediente a la Autoridad Substanciadora, la que deberá: Admitirlo, Abstenerse, Prevenir o Dicta Improcedencia.
Si la Substanciadora admite, solicita copia certificada del IPRA, emplaza a la audiencia inicial y a las partes, celebra la audiencia inicial; posteriormente admite auto de admisión y/o desechamiento de pruebas, declara abierto el periodo de alegatos con un término de 5 días hábiles y turna a la Autoridad Resolutora.
La Resolutora, concluido el plazo del periodo de alegatos recibe el expediente, revisa los antecedentes administrativos del o los infractores y posterior a ello declara el cierre de la instrucción. Concluido esto cita a las partes para oír sentencia, la que será emitida en un plazo no mayor a los 30 días hábiles y una vez notificadas las partes, se les otorga un plazo de 15 días hábiles para que puedan impugnar.
Si no existe impugnación, se declara la ejecutoria (el responsable no impugnó en tiempo y forma), adquiriendo firmeza legal la Resolución Definitiva y con ello procederse a dar cumplimiento a la Ejecutoria de las sanciones impuestas por las faltas administrativas no grave.
Las faltas graves no proceden para el Órgano Interno de Control Municipal, cuando estas llegarán a existir, es la Autoridad Investigadora en la calificación donde la determina y puede ser esta misma o la Substanciadora las que remitan al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado el expediente, para que resuelvan lo conducente.
Ni siquiera los Síndicos y Regidores, que conforman el Cabildo, escapan a lo que la Ley señala y a que puedan ser denunciados ante este Órgano Interno de Control Municipal, si llegarán a cometer una falta administrativa.
LA INSTRUCCIÓN Y ESTADISTICAS OFICIALES
La instrucción del presidente municipal, Licenciado Beto Granados, desde el día que tomó protesta fue muy claro: “No vamos a permitir abusos contra la ciudadanía de ninguna autoridad”.
Las estadísticas son reveladoras, al gobierno de Beto Granados, no le ha temblado la mano para aplicar la ley; según los datos métricos de la propia Contraloría Municipal, de octubre a diciembre de 2024, recibió 10 quejas y/o denuncias contra funcionarios de la presente administración.
La Dirección de Tránsito y Vialidad recibió 2, los motivos fueron por pasarse señal de alto y no hacer alto total; Concertación Social otras 2; la Unidad Operativa de Protección Civil, Secretaría de Bienestar Social, estos tres departamentos fue por irregularidades durante funciones laborales; Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, fue por la omisión en la contestación de una solicitud de información; Secretaría de Salud Pública Municipal y Secretaría del Ayuntamiento, por irregularidades durante funciones laborales; y por último la Dirección de Auditorías, promoción de responsabilidad administrativa; cada una de estas áreas recibieron una queja.
En lo que va del 2025, la Contraloría ha recibido 38 quejas y/o denuncias, la Dirección de Tránsito y Vialidad va en primer lugar con 22, los motivos han sido por estacionarse en lugar prohibido, pasarse señal de alto, no hacer alto total, exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad; la Dirección de Obras Públicas tiene una, de igual forma la Dirección de Adquisiciones otra, por promoción de responsabilidad administrativa; Alumbrado Público y la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cosecharon cada área una queja por la omisión en la contestación de solicitud de información; la Unidad Operativa de Protección Civil, Secretaría de Bienestar Social, Dirección de Espacios Públicos, Dirección de Ingresos, Secretaría del Ayuntamiento, estas dependencias cultivaron cada una de ellas una queja por irregularidades durante funciones laborales.
Pero lo que sorprende, es que también se den quejas en el Departamento de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, aquí cosecharon 2 quejas por irregularidades durante funciones laborales; pero lo más sorprendente es que en la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, se hayan presentado 5 quejas por el mismo motivo.
Además, a las anteriores quejas, se estarían agregando, según datos de la misma Contraloría Municipal, 4 casos de ex servidores públicos sancionados por la Autoridad Resolutora; uno en el 2024 y tres de lo que va del 2025; todos por incumplimiento por declaración patrimonial.
Todos los servidores públicos, están obligados a rendir dicha declaración en tres fases: al inicio de su contratación; al año, para saber si existe alguna modificación en su patrimonio y al concluir una administración o que haya sido dado de baja, en este último caso tiene 60 días para presentarla.
Las bajas
“Un elemento de Tránsito fue dado de baja y existen dos más en proceso, estamos en espera de que vengan a quejarse, a estos se les bajó de la unidad y están en los cruceros”, aseguró Cinthia Denisse de la Torre Quintanilla, Contralora Municipal.
“La instrucción de nuestro alcalde es bien clara, no se va a permitir ningún abuso y estamos aplicando la ley, pero tenemos una situación, los que denuncian no vienen a ratificar, no le dan seguimiento”, enfatizó.
Remató:
“La plataforma Rigo, disparó las quejas, porque la aplicación las registra cronológicamente, por ejemplo, una misma queja, se puede multiplicar hasta por 10 o más ocasiones, pero es una sola, por el mismo motivo; está el caso de Alumbrado Público, muchas de esas quejas no son de nosotros son de la Comisión Federal de Electricidad y “Rigo”, como quiera las registra; es un tema que vamos analizar porque el próximo año tendremos la auditoría de desempeño de la Auditoría Superior del Estado”, dijo Cinthia Denisse de la Torre Quintanilla.
