Aprueban Ley de Extinción de Dominio; será retroactiva e incluye la corrupción

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Gobernadores, Presidentes de la República, legisladores y todos los que se hayan hecho ricos con dinero del pueblo van para el “fresco bote”

La ley permitirá decomisar bienes relacionados con actividades ilícitas, incluidos actos de corrupción delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, etc

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado aprobó en lo general y particular la Ley de Extinción de Dominio que permitirá al Estado decomisar bienes relacionados con actividades ilícitas, incluidos actos de corrupción y “huachicol”.
A las 10 de la noche de este lunes, con 109 votos a favor se aprobó en lo general, y con 82 a favor y 21 en contra en lo particular, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución.
La ley aplicará en casos de delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, extorsión y hasta robo de vehículos.
Con un letrero en el que se leía: “Vamos por la Casa Blanca”, el senador Samuel García, dijo que la ley permitirá recuperar los bienes inmuebles derivados de actos de corrupción de expresidentes y exfuncionarios.
La ley aplicará en casos de delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, extorsión y hasta robo de vehículos.
Según la ley, la extinción de dominio es imprescriptible en el caso de bienes de origen ilícito y ni siquiera la muerte de una persona bajo investigación o proceso penal extingue la extinción de dominio.
El senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que actualmente el país cuenta con la Ley Federal de Extinción de Dominio y legislaciones estatales en la materia, pero con esta nueva ley “se unifican los criterios que permitirán a la Federación y a los estados tener un procedimiento unificado”.
El dictamen señala que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se transformará en el Instituto de Administración de Bienes y Activos que podrá vender o disponer anticipadamente de los bienes en favor de las dependencias y entidades de la administración pública federal, según lo determine el Gabinete Social de la Presidencia de la República