Agencias
Cada uno de los 36 diputados y diputadas de Tamaulipas nos costó en promedio más de 5 millones de pesos, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad. Sin embargo, la actuación de los diputados de Tamaulipas ha sido cuestionada.
El caso más reciente, ocurrió esta semana cuando la diputada Carmen Lilia Canturosas reveló que a los mismos diputados se les niega información de los más de 219 millones de pesos que manejó de presupuesto integrado el Congreso de Tamaulipas en el 2020, que incluye el gasto legislativo y de fiscalización.Canturosas junto a otros dos diputados, propusieron se aprobara la votación inmediata de una propuesta para transparentar el gasto en el Congreso, y evitar que la propuesta quede congelada en comisiones.
Sin embargo, la mayoría del Congreso en Tamaulipas, dominada por el PAN, rechazó la votación inmediata.
El costo por diputado, resulta de dividir el presupuesto anual del Congreso, entre la cantidad de diputados locales, sin incluir el gasto por fiscalización de la Auditoría Superior del Estado.
Esto incluye, desde los salarios, dietas y bonos de los legisladores hasta el costo de sus ayudantes, gastos de alimentos, mantenimiento de edificios, vehículos, gasolina, viajes y personal de apoyo, entre otros gastos.
GASTAN MÁS DE LO PROMETIDOLos congresos estatales aumentaron sus presupuestos a pesar de que existe una promesa explícita de austeridad en varias legislaturas locales, detalla el IMCO.
En el 2020, dispondrán de al menos 14 mil 317 millones de pesos, 454 millones más que en el 2019.Tamaulipas fue uno de los estados que más aumentó el gasto real de su presupuesto aprobado, entre el 2019 y 2020.Los congresos con mayor variación entre su presupuesto aprobado y el ejercido fueron Oaxaca (133%), Tlaxcala (31%), Tamaulipas (27%), Guerrero (22%) y Puebla (17%).“El IMCO propone que el ejercicio del gasto de los congresos se haga con parámetros claros de actuación, apegados a la legalidad, austeridad y transparencia.
Los recursos públicos deben garantizar una atención a las verdaderas prioridades sociales”, de acuerdo con el IMCO.
