Catorce Amparos en el Espinazo, no los aguanta cualquier alcalde

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EN PARTIDA DOBLE

Alejandro Mares Berrones

Sin duda, que el Gobierno de Guatemala, llevará a Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo van acusar de lesa humanidad, por el asesinato de los guatemaltecos, ocurrido el pasado 22 de enero en Camargo; era lo único que la faltaba para coronarse como el peor gobernador que hayan tenido los tamaulipecos…
Cuando anduvo en campaña, les prometió a los tamaulipecos que tendrían la mejor policía del mundo, mejor pagada y capacidad y hoy ver o estar cerca de la Policía Estatal o Grupo GOPES, es sinónimo de terror y muerte. Son matones disfrazados de policías a las órdenes de Cabeza de Vaca.
Incluso, Tomas Yarrington, resultó niño de pecho comparado con Cabeza de Vaca. Tomas fue un joven brillante, excelente orador, se formó en la política, pero el poder corruptor del narco lo corrompió.
El caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es diferente, desde su corta edad, robaba autos, asaltaba a mano armada en McAllen, Texas, en donde es nacido, es ciudadano norteamericano, desde adolescente ya era toda una “fichita”, se metió a la política como delincuente y de esa manera actúa.
Como Presidente Municipal de Reynosa, fue acusado de haber recibido dinero del narco, existe un expediente donde lo embarran con la delincuencia organizada.
Como Senador de la República, este panista que hoy mal gobierna a Tamaulipas es plenamente señalado como uno de los legisladores que recibió sobornos de Emilio Lozoya, para sacar adelante la Reforma Energética.
Como gobernador panista de Tamaulipas, Cabeza de Vaca es el terror, tanto para propios panistas, priistas y morenistas, a todos los trae amenazados con meterlos a la cárcel e incluso existen presos políticos a los que mandó a prisión…
Algunos otros, como el caso del alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, “La Borrega”, de extracción morenista, le ha abierto 14 Carpetas de Investigación en su contra, con toda la clara intención de evitar su reelección…
El gobernador Cabeza de Vaca actúa como bandido, no como gobernante, a sus adversarios políticos a todos les quiere dar garrote, usa la Fiscalía General de Justicia del
Estado, la Auditoría Superior y la Fiscalía Anticorrupción para someter a contrincantes, sean del PRI, de Morena y hasta de su propio partido como los casos de Leticia Salazar Vázquez y Carlos Cantúrosas, entre otros.
El ejemplo más claro, es el pacto que realizó con el ex gobernador priista Egidio Torre Cantú y todo su establo político, por eso el PAN, ahora lleva a muchos “egidistas” de candidatos, de no hacerlo irían al fresco bote, hoy gozan de impunidad institucional y servirán al PAN GOBIERNO, en este proceso electoral, todos como esquiroles.
El caso de Mario López “La Borrega”, alcalde de Matamoros que irá por la reelección, es un volado que este Presidente Municipal se está aventando, pues con 14 amparos en el espinazo no le queda de otra que atorarle a Cabeza de Vaca, tope en lo que tope…
“Bendita sea la Ley de Amparo”, órgano de control constitucional, sino existiera, ya los matamorenses tuviéramos a nuestro alcalde en prisión, por delitos fabricados por el gobierno de Cabeza de Vaca.
Y es que el gobierno de Cabeza de Vaca, por más que la Auditoría Superior del Estado le ha escarbado a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Matamoros, al que le tiene marcaje personal con auditorías constantes, Mario López, les ha solventado todas las observaciones, es decir, por ese lado no le han podido hacer nada.
Luego, el 22 de septiembre, el propio Cabeza de Vaca por decreto, tomo un mando que ya tenía con la Policía Municipal y de Vialidad de Matamoros, los que hoy se la pasan extorsionando a los ciudadanos de bien y que perderá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violar la autonomía municipal.
Algunos militantes de morena, adversarios de Mario López, dicen que si este resulta candidato a la Presidencia Municipal, va a entregar la alcaldía al PAN, lo dudo mucho y les digo el por qué…
He visto a lo largo de 30 años que tengo de periodista, como los gobernadores “puras linduras” que hemos tenido han doblado a sus adversarios políticos; antes con una o dos averiguaciones previas, hoy se les conoce Carpetas de Investigación, por el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Con una o dos averiguaciones o carpetas de investigación el gobernador los sometía, así lo ha hecho Cabeza de Vaca o con la consigna de que no les autoricen las cuentas públicas, con eso los alcaldes doblan las manitas ante el gobernador en turno…
Cabeza de Vaca, se las ha aplicado todas a Mario López “La Borrega”, pero este les ha respondido con “mesa de diálogo”, “no a la confrontación”, “para pelearnos no basta más de un minuto”, “hago un llamado al gobierno del estado, a que platiquemos”… hasta que llegó: “ESTOY PREPARADO PARA TODO Y NO VOY A PERMITIR QUE ME FABRIQUEN DELITOS”.

Guatemala acusará a Cabeza de Vaca por Lesa Humanidad

EN CONTRAPARTIDA, el senador Ricardo Monreal, le puso el dedo en la llaga al gobernador Francisco Javier García Cabeza de vaca.
El pasado 5 de febrero, el legislador publicó en su columna titulada LA PLUMA, que el asesinato de los guatemaltecos, ocurrido en Camargo, frontera “chica” de Tamaulipas, es un CRIMEN DE ESTADO.
Una vez reconocida de manera oficial la autoría de la policía estatal de Tamaulipas en la matanza de 16 migrantes guatemaltecos desarmados y 4 civiles mexicanos, el salvaje y artero ataque se encuadra en la tipología de “crimen de estado”, el cual es definido como “la acción concertada de agentes estatales para asesinar, desaparecer, exterminar, desplazar o perseguir a grupos de civiles desarmados por motivos sociales, políticos, económicos, raciales, religiosos o culturales”, así arrancó Monreal su escrito.
Y como abogado que es, explicó:
“En este sentido, la investigación y castigo por este grave delito no puede quedar exclusivamente a cargo de la fiscalía del Estado de Tamaulipas, por ser parte interesada, es decir, juez y parte, en la investigación y consignación de los responsables”.
Y sacó a flote los negros antecedentes de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales a los órdenes del gobernador Cabeza de Vaca:
“Además, existen antecedentes de que estas fuerzas especiales del gobierno local (GOPE y PE) han cometido de manera sistemática, continua y prologada otras graves violaciones de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales de Nuevo Laredo en septiembre de 2019, las cuales siguen impunes hasta el día de hoy”.
Muy filuda LA PLUMA de Monreal:
“Tamaulipas se ubica entre las primeras entidades con más personas desaparecidas y el mayor número de denuncias contra los migrantes que cruzan por su territorio”.
FGR atraerá caso de los guatemaltecos ejecutados por el gobierno de Cabeza de Vaca:
“Por todo lo anterior, procede solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación de la masacre de Camargo del pasado 22 de enero, que no solo afecta al estado en mención sino al país mismo, como lo evidencian las denuncias que se preparan ante organismos internacionales por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad de un gobierno local”.
Hasta aquí lo escrito por el senador Monreal, en ningún momento dijo que será el gobierno de Guatemala quien denuncie al gobierno de Cabeza de Vaca, sin embargo, el periodista Salvador García Soto, en su columna del 9 de febrero, reveló, que derivado del artículo publicado por Ricardo Monreal, esto dio pie a que el gobierno de Guatemala interponga una denuncia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según la filosa pluma de Salvador García Soto, el gobierno de Guatemala, acusará al Gobierno del estado mexicano de Tamaulipas de haber cometido un crimen de Estado y de lesa humanidad tras comprobarse que fueron policías al servicio de ese gobierno los que asesinaron y calcinaron a 14 migrantes de origen guatemalteco, cuyos cuerpos han sido plenamente identificados.
De acuerdo con fuentes de la embajada de Guatemala en México, el texto del senador Monreal Ávila serviría para sustentar la denuncia que ya preparan los abogados del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, en la que se
exigiría que el gobierno de Tamaulipas asuma la responsabilidad total y plena de este crimen cometido contra ciudadanos guatemaltecos en su territorio y por parte de agentes del Grupo Especial de Operaciones (GOPE) una fuerza policiaca estatal que además cuenta con varios antecedentes de haber estado involucrada y señalada de cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de ciudadanos y acusado de violaciones de derechos humanos en ese estado, escribió Salvador García Soto.
La demanda de Guatemala buscaría no sólo el reconocimiento de que la masacre de Camargo fue un “crimen de estado” sino también el pleno resarcimiento de los daños a las familiares de los 14 migrantes que, según las investigaciones, fueron interceptados por los policías estatales, detenidos ilegalmente, asaltados y luego acribillados y sus cuerpos quemados con la intención de ocultar evidencias y esconder el crimen que cometieron los agentes del estado.
Dice García Soto que en este tema de Camargo lo que podría venir, si se presentan y procesan las denuncias ante la CIDH, trasciende con mucho a las grillas políticas y colocaría, no sólo al gobierno tamaulipeco, sino al mismo gobierno de la República, ante una acusación de carácter internacional por violaciones de derechos humanos graves y por una masacre cometida por autoridades del Estado mexicano, justo dos cosas de las cosas que, en sus discursos, el presidente López Obrador ha dicho que “ya no suceden en México” durante su mandato.
Yo agregaría, a lo dicho por el colega de la Ciudad de México, que eso solo ocurre en el gobierno panista que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Y tiene razón García Soto, cuando dice que se repite la historia de otros hechos graves de violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales en los que se ha visto involucrados los GOPES, el brazo armado de la policía estatal al mando directo del gobernador Cabeza de Vaca.

ANTECEDENTES

García Soto, recordó los antecedentes de este nefasto grupo policiaco:
“El 5 de septiembre de 2019, ese mismo grupo fue acusado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo de haber ejecutado extrajudicialmente a 8 personas en la colonia Buenavista, las cuales fueron sacadas de sus casas por la fuerza por los policías estatales, según revelaron testigos y familiares sobrevivientes, y luego les pusieron uniformes de tipo militar y los ejecutaron a quemarropa colocándolos dentro de una camioneta para tratar de simular un supuesto enfrentamiento con miembros del crimen organizado…
El caso fue denunciado y documentado por Raymundo Ramos, del Comité de Nuevo Laredo, quien tuvo que huir ante las amenazas e intimidación a testigos y denunciantes y aunque se pidió la intervención del presidente y de la FGR,
el asunto quedó en la emisión de órdenes de aprehensión contra 7 policías integrantes del GOPE, aunque ninguna autoridad estatal asumió la responsabilidad…
Más recientemente, en el municipio Río Bravo el 9 de febrero del 2020, los miembros del GOPE se vieron involucrados en otra ejecución extrajudicial cuando acribillaron a balazos a Juan Daniel Ortiz Martínez, un joven ingeniero que salía de un Oxxo cuando policías del grupo de élite Fuerza Tamaulipas le dispararon 50 balas, por una supuesta confusión de la que nunca hubo responsables, a pesar de la indignación y las denuncias de testigos que presenciaron esa ejecución…
Salvador García Soto, en su columna, a manera de sorpresa dice:
“Veremos si en esta masacre de Camargo, por tratarse de ciudadanos de otro país, el caso toma otro derrotero y no queda sólo en acusaciones a policías…
El gobierno de Guatemala parece dispuesto a no quedarse con la versión de que todo fue obra de “malos policías” vinculados al crimen organizado o que se dedicaban a robar y extorsionar a los migrantes indocumentados que cruzan el territorio de Tamaulipas en su intento de llegar a los Estados Unidos.
Una queja ante la CIDH, como la que ya preparan en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guatemala, colocaría el tema en un “crimen de estado” del que tendría que responder sí el gobierno tamaulipeco, pero también el gobierno de México”.
Nos vemos en la próxima y recuerden: ¡El lenguaje como legítima defensa!.
P. D. ¿Por qué dicen que Mario López no es de Morena?, acaso no llegó por la coalición Morena-PES y PT, la famosa coalición “Juntos Haremos Historia”.