Alejandro Mares Berrones
La crisis migratoria de haitianos, venezolanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos e incluso mexicanos, desplazados de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por la violencia que genera la delincuencia organizada en nuestro país, se volvió a presentar en la frontera de México y de Estados Unidos.
El municipio de Matamoros, Tamaulipas, enfrenta esta problemática ante la falta de sensibilidad humana del gobierno federal.
En julio de este año, el gobierno de López Obrador, a través de las secretarías del Bienestar y de Trabajo, a cargo de Ariadna Montiel y María Alcalde, inauguró en Matamoros, el Centro Integrador para el Migrante (CIM).
María Alcalde, no le dio importancia, no asistió y en su lugar mandó al subsecretario Baruch Bolaños, quien dijo que este CIM daría una atención integral a la población en condiciones dignas.
Resulta, que el coordinador de este Centro, Enrique Flores, les ha cerrado las puertas a las autoridades municipales y asociaciones civiles para recibir a los migrantes, es más ni a los medios de comunicación recibe; se suponía que el CIM, tendría una capacidad de alojamiento para 500 personas, y en la actualidad no cumple ni con la mitad, se convirtió en un elefante blanco, donde retumban aquellas palabras huecas de Ariadna Montiel:
“La sociedad civil puede venir a pedir apoyo”, solo fue letra muerta; a los migrantes los han echado a la calle; ¡si!, a esa calle llamada Tamaulipas, de la colonia Jardín.
El Instituto Nacional de Migración ese que pesimamente dirige Segismundo Doguín Martínez, con apoyo de la Policía Estatal, les mandó cerrar el campamento que tenían a orilla del Río Bravo; ahora los migrantes hacen sus necesidades fisiológicas por todos lados. Más de mil personas se encuentran hacinadas en esa calle.
Para Gladys Cañas Aguilar, de la Asociación Civil “Ayudándoles a Triunfar”, reconoce que Enrique Flores, desde septiembre no le ha contestado un oficio.
“No tenemos contestación, desde el 26 de septiembre, que no contesta; en el CIM tienen 200 venezolanos, tiene sus candados y no recibe a personas solas, no pueden recibirlos si los migrantes van directamente al albergue, los tiene que canalizar alguna asociación o institución como el INM”.
“Nosotros habíamos tenido pláticas con el coordinador Enrique Flores, él antes de septiembre nos estaba aceptando a los migrantes que estaban llegando a nuestra oficina –ubicada en la calle Tamaulipas-, pero después de septiembre ya no dio respuesta”.
Enfatizó:
“Estuvieron las autoridades de seguridad pública en mi oficina y están preocupados, analizan alguna propuesta para el CIM, para poder coadyuvar la sociedad civil organizada y autoridades, para dar la atención que se merecen estas personas”.
Exige:
“Estoy exigiendo que ellos tengan un albergue, seguridad, un techo y alimentación, hay mucha gente que se está muriendo de hambre, que no tienen comida, ni dinero para comprar alimentos; hay niños, mujeres embarazadas en la calle…
Personas viviendo en casas abandonadas, estamos rebasados, hacemos lo humanamente posible, pero nuestra capacidad de ayuda está rebasada”.
“Teníamos un flujo de 300 a 400 personas al mes, hoy tenemos de lo que va de la última semana de octubre a la fecha más de dos mil 500 personas: más de mil 500 de Haití, 500 de Venezuela, de Honduras, Salvador, Guatemala y desplazados de México, de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas”.
Gladys, es un ángel para los migrantes de Matamoros, lo que no hacen los gobiernos, ella lo hace.
Mientras el CIM e INM, cierran las puertas y echan a la calle a los migrantes, Gladys y su equipo, asisten a los migrantes con los trámites, a través de abogados americanos especialistas en temas de migración, para que obtengan un permiso humanitario que les tarda de 8 a 10 días, para que puedan entrar a los Estados Unidos de forma ordenada y legal”.
SOS:
“Nosotros no podemos solos, necesitamos de la ayuda de las autoridades, para que los migrantes tengan seguridad y alimentación, porque es parte de sus derechos humanos”.
