Agencias
Ciudad de México. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, evidenció la magnitud de la tortura en México: de 2000 a mayo de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 417 quejas por este delito y emitió 100 recomendaciones y dos recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos relacionadas con esa práctica.
Al inaugurar esta mañana el taller “Retos y Oportunidades para la Prevención de la Tortura en México”, indicó que tan sólo el año pasado, el organismo a su cargo dirigió un exhorto por violaciones graves y 16 recomendaciones en las que acreditó tortura, además de ocho del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En lo que va de 2018 se emitió una más por la detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual contra una mujer en San Luis Potosí, atribuible a 14 elementos militares y de la Policía Federal.
La persistencia de esta prática en el país, enfatizó, demanda que la sociedad y las autoridades reconozcan, entiendan y vean de frente el problema, pues negarlo o relativizarlo “a nadie ayuda y a todos nos perjudica”.
Señaló que México cuenta con el entramado institucional y normativo para enfrentar este problema y consolidar con ello su democracia, su estado de derecho y el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos.
Además, agregó, del año 2000 y al 2017 el organismo a su cargo ha registrado 11 mil 196 quejas y ha emitido 191 recomendaciones por hechos relacionados con malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes.
Acompañado por activistas y representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, González Pérez refirió que la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes representa la oportunidad para enfrentar, abatir y prevenir esa práctica, pero su contenido debe materializarse para incidir en la realidad de las personas, tarea en la que autoridades y sociedad tienen mucho que aportar.
Puso en relieve que no debe haber tolerancia hacia la tortura, ni asumirla como inherente a la investigación de los delitos, ni como cultura o forma de justicia arraigada en el país, ya que no hay niveles ni rangos aceptables de ésta.
“Un solo caso debe movilizarnos para investigar, deslindar responsabilidades, aplicar sanciones que procedan y, sobre todo, prevenir su repetición. No debemos esperar a que la tortura se presente para actuar. Detectar los entornos y condiciones bajo las cuales se posibilita o propicia dicha práctica es una de las claves para la prevención, aspecto al que no se le había dado la importancia debida desde hace varios años”.
