En la era de la saturación digital, el humor y la sátira se han convertido en las herramientas predilectas de la crítica política en México. Por ello, cuando el Congreso de la Unión comenzó a arrastrar los pies con el dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor -bautizada popularmente como la “Ley Antimemes”-, las alarmas sobre la libertad de expresión volvieron a encenderse.
Si bien el discurso oficial argumenta que el propósito es armonizar nuestra legislación con el T-MEC y regular los vacíos de la Inteligencia Artificial (IA), el truco, como siempre está en los detalles jurídicos del procedimiento. Como dice el cura del Quijote, “detrás de la cruz está el diablo”.
A primera vista, la reforma parece legítima: proteger la propiedad intelectual y regular el uso no autorizado de rostros, voces y obras protegidas frente al avance tecnológico. Sin embargo, bajo el ropaje del derecho civil y mercantil, se esconde un mecanismo que colisiona frontalmente con el Artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El nudo gordiano de esta legislación radica en la responsabilidad objetiva y las multas millonarias -de hasta 4.6 millones de pesos o 40 mil UMAS- que se pretenden imponer a las plataformas digitales y proveedores de internet si no retiran el contenido denunciado de forma inmediata. Al trasladar la facultad sancionadora y de control al plano económico de los intermediarios tecnológicos, el Estado mexicano está delegando indirectamente la censura a un algoritmo o a un departamento corporativo de control de daños.
Para el ejercicio periodístico, este ecosistema punitivo es devastador. El periodismo de investigación moderno ya no solo se compone de texto plano; se nutre de datos, infografías, fragmentos de video oficiales, audios de servidores públicos y, sí, también de la sátira visual y la parodia para conectar con las audiencias.
EN CONTRAPARTIDA, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el principal riesgo para la prensa se divide en tres vertientes:
Ante la sola notificación de una presunta violación de derechos de autor; por ejemplo, el uso de una fotografía oficial modificada o un audio desvelado por un reportero, la plataforma digital optará por el retiro preventivo para evitar la multa. El periodista quedará en el limbo de la “censura previa automatizada” hasta que demuestre la legalidad de su material, rompiendo la inmediatez de la nota informativa, a esto se le conoce como el Efecto Inhibidor o la Inversión de la carga de la prueba.
Otro detalle, es que aunque el marco normativo actual contempla excepciones para la crítica, la parodia y la educación, los sistemas automatizados de remoción de contenido carecen de criterio jurídico para distinguir entre la violación de un derecho de autor comercial y el uso legítimo de un fragmento audiovisual con fines estrictamente informativos o periodísticos. Esto equivale a la vulneración del Uso Legítimo “Fair Use”.
Personajes del ámbito público: políticos, funcionarios o empresarios bajo escrutinio; encontrarán en los derechos de autor una vía rápida y civilizada para silenciar investigaciones incómodas, argumentando la “protección de su identidad digital” o el uso no autorizado de materiales gráficos de su propiedad.
Esto esquiva el estándar de la “Real Malicia” establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual obliga a los funcionarios a tolerar un mayor umbral de crítica. Con esto a la clase política la dotan de otra herramienta más para acosar judicialmente a los medios y a los periodistas.
Todas las reformas que se han dado, e incluso del Derecho de Réplica, traen implícitas sanciones graves contra los medios y periodistas; esta nueva reforma no sería la excepción.
El retiro temporal del dictamen en la Cámara de Diputados para abrir mesas de diálogo no debe leerse como una batalla ganada, sino como una tregua necesaria. Legislar la Inteligencia Artificial y el derecho de autor es urgente, pero no a costa de erosionar los pilares de la deliberación democrática y el menoscabo a la libertad de expresión.
Si el mecanismo de remoción forzada e inmediata se aprueba tal como está planteada, los intermediarios de internet se convertirán en jueces privados de la verdad y el interés público.
Al final del día, el peligro de la “Ley Antimemes” no es que nos quedemos sin chistes en internet; el verdadero peligro es que nos quedemos sin el periodismo punzante e investigativo que utiliza las herramientas del siglo XXI para desnudar al poder.
P. D.A este paso, muy pronto los periodistas críticos, caricaturistas, “memeros” dormirán en una fría cárcel.
