El presidente de la Junta de Conciliación, se lavó las manos.
* Aseguró que el demandado por el extrabajador del municipio, Raúl Cruz Guajardo, nunca ha trabajado en la Junta número 6. Es el director Administrativo de la Secretaría del Trabajo.
Jorge Caleb
El presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 6, con sede en esta ciudad, José Manuel Gómez Porchini, negó que Jorge Martín Cantú Ortiz, es el director administrativo de la Junta…y tiene razón, es de la Secretaría del Trabajo en el Gobierno estatal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, secretaría que encabeza María Estela Chavira Martínez, en donde por cierto, cada día crecen más la quejas contra este funcionario por actos de corrupción.
Gómez Porchini, se lava las manos:
“Estoy enterado del caso, pero yo quiero aclarar que este señor (Jorge Martín Cantú Ortiz) no es el director administrativo y de hecho hasta donde verificamos nunca ha trabajado aquí en la Junta”, aseveró el entrevistado.
Pero la “negra historia” de Jorge Martín Cantú Ortiz, viene desde principio de año, en abril, cuando funcionarios de la Secretaría del Trabajo y abogados en derecho laboral, lo acusaron en la capital del estado, Ciudad Victoria, de “utilizar procedimientos al margen de la ley y manipulación de expedientes con intereses personales”.
Pese a esos negros antecedentes, el gobernador lo mantiene en esa posición, como pago a la factura política de Francisco Chavira y el de su hermana, la Secretaria del Trabajo.
Recientemente, tras de la publicación de la demanda legal, en esta ciudad del extrabajador del municipio, Raúl Cruz Guajardo, acusándolo del despojo de más de 1 millón de pesos, la secretaria del Trabajo, María Estela Chavira Martínez, se comprometió a investigar las acusaciones en contra de su director administrativo, pero dijo que legalmente no había una acusación específica.
Esas fueron las declaraciones de María Estela, para tratar de desvirtuar y de proteger a subalterno, de quien dicen le junta la “polla” desde la dirección administrativa de la Secretaría del Trabajo, la cual continua igual de corrupta como en los tiempos del PRI.
María Estela Chavira Martínez, tuvo que reconocer, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) enfrentó hasta 30 denuncias, que resolvió presuntamente mediante “la mediación”, la mayoría de ellas provenían de esta ciudad.
La aclaración
“No las personas que ustedes refieren en su información tiene un cargo pero a nivel estatal, pero desconozco exactamente cuál sea su cargo. No trabaja aquí en la Junta, y que yo sepa nunca ha trabajado aquí en la junta”, aclaró el presidente de la Junta Especial número 6 de Conciliación y Arbitraje, José Manuel Gómez Porchini, a cargo de ese puesto.
“De hecho aquí en la Junta no tenemos ese puesto de director administrativo de la Junta, bueno fuera que lo tuviéramos, pero no”, agregó.
La verdad sobre este caso, pues no lo conozco, todo pasó cuando yo no estaba, pero nunca esta persona (Jorge Martín Cantú Ortiz) nunca ha sido empleado de esta junta, esta en un cargo en ciudad Victoria, pero no sabría decirle específicamente en qué.
Y ya en otro tema aclaró que solo fueron entre 4 y 5 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos que se interpusieron por el retraso de los juicios y que se atendieron en el proceso de conciliación.
Pero en agosto del año pasado, el visitador regional de la CODHET, Javier Saldaña Badillo fue muy claro: “En lo que va del año tenemos 76 expedientes, la mayoría de ellos en contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje que tiene entre 12 y 15 demandas por el retraso en los juicios”, reveló.
“En este sentido nosotros nos entrevistamos con la anterior titular, (Angélica Sofía Lira López) pero no logramos nada, al parecer la Junta tiene ya un nuevo titular y vamos a tratar de entrevistarnos con él para ver este tema a fondo, agregó.
“Aquí el problema es que los abogados defensores de los trabajadores se quejan que en la junta se retrasan mucho los trámites que se lleva en un juicio y eso afecta más al trabajador”.
Nosotros tratamos de aplicar una medida cautelar, es decir, algo que nos ayude a agilizar los trámites y en eso estamos, explicó entonces.
“Vamos por partes”, atajó Gómez Porchini, número 1, nunca hemos tenido 13 quejas, en algún momento tuvimos entre 4 ó 5 que quedaron solventadas todas”, aseguró.
Y 2, los asuntos van en trámite, se retrasan cuando las partes hacen valer lo que a su derecho conviene, entonces se objetas personalidades, trámites, todo lo que se pueda de acuerdo a sus intereses.
“Es parte del mismo proceso, la función de la Junta es dirigir el proceso y tratar de dirigir el proceso y llegar a una conclusión con un laudo, pues es maravilloso”.
Estamos en un nivel normal de casos, son unos 300 en lo que va del año, por la cantidad de trabajadores que tenemos en esta ciudad.
En otro tema aclaró que hasta el momento no se tiene un “foco rojo” de demandas de parte de trabajadores del Ayuntamiento, sino las 2 ó 3 que son las normales.
“No bueno si tuviéramos unas 30 ó 40 demandas entonces su hablaríamos de un repunte, pero hasta el momento no lo hemos detectado”, agregó.
Licenciado en derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con una maestría en derecho constitucional, es originario de Matamoros y tiene 23 años en el servicio público como abogado de PEMEX y tiene una maestría en derecho constitucional.
El caso de despojo
Al descubrir toda una “confabulación oficial”, para despojarlo de más de 1 millón de pesos por su indemnización como trabajador del municipio, Raúl Cruz Guajardo, espera de la justicia estatal, su correcta actuación para aplicar la justicia.
Y es que para despojarlo de su dinero “tramaron toda una red” de complicidades encabezadas por el entonces director administrativo del municipio, Jorge Martín Cantú Ortiz, actual director Administrativo de la Secretaría del Trabajo.
Pero en donde pudieran estar coludidos otros funcionarios municipales y funcionario o empleados del banco Banorte en donde se cobraron los cheques.
“Y es que para cobrar más de 1 millón de pesos, se usó a otra persona con una identificación que nada tiene que ver conmigo porque ni siquiera se parece a mí, pero que fue llevada, por los cheques a presidencia, por el propio Jorge Martín Cantú Ortiz”, según me confirmó el propio secretario del Ayuntamiento, reveló Raúl Cruz Guajardo.
“Por eso no es posible que nuestro gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, tenga en su gobierno, en una oficina como Conciliación, a personas con estos antecedentes”, agregó.
De todos estos hechos ya hubo una querella en donde se narran lo que ha venido sucediendo desde el 2 mil 7 hasta la fecha.
La querella fue puesta en contra del director Administrativo de la Secretaría del Trabajo, Jorge Martín Cantú Ortiz, en la Unidad Investigadora número 3, por los delitos de fraude, usurpación de identidad, así como falsificación de documentos, cuando fue director administrativo del actual Ayuntamiento.
En la carpeta de investigación 503 / 2 mil 18, que se abrió, también estan involucrados el director jurídico del Municipio, así como el representante patronal y de obreros de misma Junta de Conciliación.
Quienes faltan de comparecer entre otros son el representante legal del Municipio, licenciado Fernando Lazo Raya, la presidenta de la Junta, Angélica Sofía Lira López, cuando sucedieron los hechos.
La secretaria de Acuerdos de la Junta Amparo Gámez, la representante patronal, María Ivonne Betsabe Lira López y el representante obrero, Angel David Nevares Abundis.
Presuntamente todos firmaron documentos para avalar el pago de 1 millón 394 mil 524 pesos por concepto de indemnización del exempleado del municipio Raúl Cruz Guajardo, quien finalmente ganó el juicio después de 7 años de juicio.
Pero además el representante legal del exempleado, Marcelino Padrón Benavides, solicitó al agente del Ministerio Público se gire oficio al Banco Banorte donde se cobró el cheque, para tratar de identificar a la persona que lo hizo.
Así como darse vista a la PGR por el presunto delito federal de falsificación de documentos oficiales, en este caso del INE, un órgano federal y de la Condusef, por haber permitido acciones de complicidad de empleados del banco…
“La última vez que vi a Jorge Martín Cantú Ortiz, fue en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 6 de aquí de Matamoros, el tipo negó conocerme, por lo que él solito al negar que me conocía, ya que había llevado asuntos del Conalep, donde laboré, se hizo de una responsabilidad manifiesta”, dijo Cruz Guajardo.
