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Jorge A. Pérez González www.optimusinformativo.com
No hace muchos años Ángel Aguirre, el hombre fuerte por décadas, del poder en el estado de Guerrero, solicitó licencia para dejar su cargo de gobernador. Esta es una salida más o menos digna de un gobernante cuando cae de la gracia de la ciudadanía, pero además también de los partidos políticos.
Fue en octubre del 2014 si mal no recuerdo.
El político fue acusado por organizaciones sociales de “tolerar”, “encubrir” y “fomentar” un caldo de cultivo cuyos ingredientes de impunidad, corrupción política, judicial y social, muerte y narcotráfico provocaron la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a manos de policías municipales, por órdenes del alcalde de la vecina ciudad de Iguala.
En conferencia de prensa dijo: “Me voy para favorecer el clima político”, esto a casi un mes después de los hechos del 26 de septiembre a los que siguieron muchas manifestaciones masivas, la quema de los ayuntamientos de Iguala y Chilpancingo, el Palacio de Gobierno guerrerense y otros eventos como la toma de alcaldías y casetas de peaje en las carreteras.
Desde las cúpulas políticas, el primero en empujar la renuncia del Gobernador de Guerrero fue el Partido Acción Nacional (PAN) al solicitar al Senado la DESAPARICION DE PODERES en el estado; pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien en ese momento tenía la mayoría del Congreso Federal, solicitó en forma “Cordial” su renuncia al cargo, para posteriormente su partido el de la Revolución Democrática (PRD), retirarle el apoyo lo que se convirtió en la estocada final a su mandato.
Carlos Navarrete el entonces líder del Congreso afirmó: “Le pedimos la licencia y estará disponible para esclarecer los hechos”.
Ángel Aguirre no tenia de otra, su salida hubiera sido peor si se hubiese enfrentado a un juicio político promovido en el Congreso de su estado, el cual le habría permitido salir victorioso desde el punto de vista legal, pues la mayoría legislativa se lo garantizaba, pero hubiera incendiado aún más al estado.
En aquel entonces Nicolás Loza, analista político de la facultad Latinoamericana de Ciencias sociales preciso: “Al final la presión popular se filtró a los partidos y tuvieron que ceder. Así se queda sin fuero y se le puede procesar legalmente, entonces, lo que vamos a ver es una sucesión de atribuciones de responsabilidades que se tendrán que comprobar: sí hay mecanismos para procesar por negligencia y otras omisiones”.
La salida por medio de licencia, permitió al Congreso de Guerrero nombrar Gobernador Interino, con el compromiso de apoyar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.
Este mes, septiembre del 2019, la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias del ex gobernador de Guerrero, pero no solo las de él, también las de sus familiares cercanos. La reapertura del caso judicial de los 43 estudiantes desaparecidos hizo que se moviera de manera diferente el brazo de la justicia.
Esta semana causó gran revuelo la iniciativa del grupo parlamentario de Morena de llevar a la desaparición de poderes a dos estados, Guanajuato y Tamaulipas, pero lo relevante del caso es que por iniciativa del PAN se subió previamente el mismo tema pero para Veracruz.
Es notable la diferencia de respuestas de la sociedad en cada uno de los casos; tranquilidad en Veracruz, belicosidad en Guanajuato y nerviosismo en Tamaulipas.
Algo queda en claro, las redes sociales las mueven los gobiernos y sus “Bots”, pues fue notorio que se convirtiera en “Trending Topic” Tamaulipas en Twitter, mientras en Facebook era Guanajuato quien acaparaba las muestras de apoyo.
La realidad es simple, la historia es cíclica y el Karma tarde o temprano llega, Aguirre después de los hechos de Iguala se mantuvo en el poder
menos de dos meses, para entender lo que ahora sucede solo hace falta recurrir a LA MEMORIA, LA MALDITA MEMORIA.
Jorge Alberto Pérez González www.optimusinformativo.com [email protected]
