Porque nada debe estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del Cabildo de Matamoros analizan la pertinencia de promover una controversia constitucional contra el decreto emitido por el Gobierno de Tamaulipas, mediante el cual asume el mando de la secretaría de Seguridad Pública Municipal.
En conferencia de prensa ofrecida este viernes por la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública en el Cabildo que preside Adolfo Iván Puente Acosta, y como secretario David Alfonso Bedartes se dio a conocer el posicionamiento de integrantes del Ayuntamiento sobre el Decreto emitido el 22 de septiembre por el Gobierno del Estado.
Al dirigirse a los medios de comunicación Puente Acosta estableció que el Cabildo es la autoridad que por unanimidad o por mayoría asume las determinaciones que han de regir el actuar municipal.
Agregó “el municipio de Matamoros, Tamaulipas, ha sido notificado por conducto de su Presidente Municipal de un decreto mediante el cual el Gobernador de Constitucional del Estado de Tamaulipas asume el mando inmediato de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fundamentándose para ello en la fracción VII del artículo115 Constitucional, y motivando su determinación en el hecho de que la ya citada Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue omisa al dejar de intervenir en eventos sucedidos en territorio del municipio y que alteraron gravemente la paz social”.
Ahora bien añadió, si bien es cierto que el artículo 115 Constitucional en su fracción VII establece que: “La policía preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.
No es menos cierto que la motivación esgrimida para la aplicación de esa disposición no es veraz, ni suficiente, ni integra, ni legal de manera contundente, expresó ante los medios de comunicación.
El Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública también se refirió al Convenio de Colaboración y Coordinación en materia de Seguridad Pública celebrado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se cedía a este último las funciones de seguridad pública en el municipio de Matamoros.
El citado convenio fue suscrito el 17 de enero del presente año y con vigencia al 31 de diciembre de este mismo año; en ese sentido añadió, la tutela de la seguridad pública corresponde al Estado desde el 2013, ratificándose el convenio periódicamente.
Mencionó además, que la federación destina al municipio 20 millones de pesos anuales del programa Fortalecimiento para la Seguridad -FORTASEG-, recursos que el municipio cede al Estado para que adquiera equipo táctico, mobiliario, armamento, personal y todo lo necesario para otorgar seguridad en Matamoros.
Enseguida el secretario de la Comisión, David Alfonso Bedartes Rodríguez expresó el desacuerdo de integrantes del Ayuntamiento al citado decreto gubernamental, en donde hace referencia a que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue omisa al no intervenir en el evento que alteró el orden público, esto, agregó, porque la corporación municipal no está facultada, ni capacitada para actuar en ese acto.
En todo caso refirió, quien debió y pudo actuar, y no lo hizo fue la Policía Estatal Acreditable del Gobierno del Estado asignada a este municipio, dependencia que tuvo conocimiento de los eventos expuestos en el decreto.
Expresó que sí tomar el mando de la SSP en Matamoros implica tener un cuerpo policiaco capacitado, equipado, eficiente. Honesto, y con la proximidad que se requiere para brindar seguridad a los matamorenses, es bienvenido.
Agregó, sí ese cuerpo de policía integrado, capacitado y equipado sustituye a nuestras corporaciones desarmadas y sin equipo táctico y eso redunda en más seguridad eficiente, la medida sería bien vista.
Sin embargo añadió, también de cara a la autonomía municipal, sí el decreto gubernamental no reúne los requisitos fundamentales para su validez, aún con lo que su contenido implique, desde ahora, manifestamos que se analiza la pertinencia de promover la controversia constitucional que proceda en contra del decreto que se habla para restablecer la autonomía municipal.
Nada debe estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía municipal es una calidad que tiene rango constitucional; los tribunales determinarán en todo caso la legalidad del acto, concluyó.
En ese mismo encuentro con los medios de comunicación, el segundo síndico, Isidro Jesús Vargas Fernández hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se actúe de manera jurídica porque el Ayuntamiento tiene una autonomía como tal, con un convenio de colaboración firmado, pero todo pareciera agregó, que se rompe con tal convenio, se rompe el orden constitucional.
En ese sentido reiteró, estamos analizando la posibilidad de presentar una controversia constitucional en contra del decreto emitido por el gobierno del estado por considerar que transgrede el orden constitucional.
