Omar García Harfuch ha informado de que los detenidos han sido enviados a cárceles en seis ciudades estadounidenses y que la acción se enmarca en mecanismos de cooperación bilateral
El secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, ha anunciado este martes que el Gobierno ha trasladado a 37 presos mexicanos a Estados Unidos que pertenecen a organizaciones criminales. “La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional”, ha escrito el titular en sus redes sociales. Los detenidos serán trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego bajo el compromiso de que la justicia estadounidense no solicite pena de muerte para ellos. Este envío, que coincide con el aniversario del primer año del segundo mandato de Trump, suma en total 92 presos trasladados desde México a su vecino del norte dentro de los acuerdos de cooperación entre ambos países para aliviar la presión para combatir el narcotráfico.
Entre los presos trasladados están algunos de los objetivos que Estados Unidos había calificado como principales “narcoterroristas”. En la lista aparece el nombre de Ricardo González Sauceda, alias El Ricky, líder regional del Cartel del Noreste, la escisión del sanguinario grupo de los Zetas. El Departamento del Tesoro tenía en la mira desde 2022 a esta organización, a la que culpa del ataque con granadas y armas de fuego al consulado estadounidense de Nuevo Laredo. El Ricky está identificado como el jefe regional del cartel en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila y es el segundo hombre más importante de la organización, según el Gobierno de México y Estados Unidos. González fue finalmente detenido el pasado febrero por el Gobierno mexicano por su vínculo con el ataque del 17 de agosto de 2024 al Ejército, que dejó dos soldados muertos y cinco heridos.
Otro de los trasladados es
Armando Gómez Núñez, más conocido como Delta 1, líder de Los Deltas, una célula que pertenece al Cartel Jalisco Nueva Generación, el grupo más poderoso en el país. Gómez fue detenido apenas el mes pasado por los delitos de homicidio, secuestro, extorsiones y tráfico de drogas sintéticas a Estados Unidos. En concreto, Delta 1 dirigía una célula de sicarios dedicados a secuestrar a sus víctimas y llevarlas a casas de tortura, además de ser colaborador del hijastro del líder de la organización, Nemesio Osegueda Cervantes, El Mencho. Gómez ya había sido detenido en otras dos ocasiones en México. En la última, mientras estaba recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, su defensa pidió pasarle a un régimen domiciliario por cuestiones de salud. Así consiguió escapar de las autoridades y expandir el control de su grupo, gracias a alianzas con mafias locales como el Cartel de Los Viagras, involucrados en el asesinato del líder agricultor limonero Bernardo Bravo en Michoacán en octubre.
Pedro Inzunza Noriega, alias El Señor de la Silla o El Sagitario, también está entre los detenidos que volarán a Estados Unidos. Noriega es el padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cartel de Los Beltrán Leyva, la familia de cuatro hermanos que fungían como sicarios de confianza del Chapo Guzmán y que controlaban gran parte del negocio de la droga en México hasta 2014 cuando el hermano mayor, Arturo Beltrán Leyva, fue capturado. El Departamento del Tesoro identificó a Inzunza Noriega como uno de los líderes que tomó el control del cartel desde entonces para “traficar cargamentos marítimos de cocaína y gestiona las fuentes de suministro de la droga”.
Otros de los detenidos que continuarán su proceso bajo la justicia de Estados Unidos son Juan Pablo Bastidas Erenas, alias Payo Zurita, operador logístico de Los Beltrán Leyva, junto a Daniel Alfredo Blanco Joo, alias El Cubano, quien trabajaba para el Cartel del Pacífico. Además, en la lista hay varios sospechosos arrestados por colaborar con Los Chapitos, la escisión remanente del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. También serán trasladados miembros de su grupo rival, liderada por los herederos del Mayo Zambada, con los que mantienen una encarnecida guerra interna en Sinaloa desde que detuvieron al líder histórico del cartel —preso en Estados Unidos—, tras la traición de su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de su socio de tantos años, El Chapo.
Harfuch ha asegurado que se llegó al acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que ninguno de los 37 trasladados sean sometidos a penas de muerte al otro lado de la frontera. El Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, vigente desde 1974, establece que el país requiriente no puede imponer a un sujeto la pena de muerte si el país de origen no contempla ese castigo en sus leyes. Sin embargo, esta norma no se ha cumplido en envíos pasados, como fue el caso de Rafael Caro Quintero. El líder del Cartel de Guadalajara, reclamado por la justicia estadounidense desde hacía 40 años por la tortura y asesinato del agente de la DEA Kiki Camarena Salazar, fue de los primeros en inaugurar los traslados de criminales a Estados Unidos. Ahora Washington valora pedir ante la justicia la pena capital contra él.
Quintero iba en el primer traslado de presos mexicanos, junto a otros 28 detenidos, entre ellos los líderes de Los Zetas; El Viceroy, del Cartel de Juárez; Tony Montana, del Cartel Jalisco Nueva Generación, y Chango Méndez, de La Familia Michoacana. Seis meses después, México volvió a enviar un segundo cargamento de 26 detenidos. Entre ellos estaban Abigael González Valencia, El Cuini, mano derecha y cuñado del fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación. También Servando Gómez, La Tuta, quien fue líder del otrora poderoso cartel Los Caballeros Templarios, así como Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada. Todos estos traslados golpearon el liderazgo de los carteles más importantes de México.
Los detenidos del tercer traslado, a los que Harfuch ha definido como “criminales de alto impacto”, se unen a la lista de gestos de México con el fin de satisfacer la presión de Washington para endurecer la seguridad y el control a los narcotraficantes. “Todas ellas eran [personas] requeridas por las autoridades de ese país por contar con procesos jurídicos en su contra, derivado de sus vínculos con organizaciones criminales, y por representar un riesgo para la seguridad pública”, han indicado en un comunicado las autoridades. En su mayoría, tenían acusaciones por tráfico de drogas, armas y personas.
La nueva entrega se produce semanas antes de la reunión que tendrán México y Estados Unidos para tratar temas de seguridad en medio de la tensión por las declaraciones de Trump en las que amenazaba con iniciar incursiones en territorio mexicano para combatir el narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha apaciguado las presiones de su homólogo estadounidense con la militarización de la frontera, reforzando los operativos contra los carteles y, por último, con las extradiciones de detenidos. Sin embargo, el hambre de su vecino del norte es difícil de saciar.
