En una decisión difundida el martes en el archivo público del caso, Cogan negó la solicitud debido a que el gobierno tomó medidas para que ambos puedan revisar los documentos relacionados con su defensa, pese a estar en una habitación dividida.
En un análisis ordenado por la corte, la jueza magistrada Roanne Mann había concluido a finales de septiembre que eran legítimas las preocupaciones de seguridad del Centro Correccional Metropolitano (MCC) para impedir visitas de contacto.
Mann, no obstante, había señalado que el hecho de que Guzmán Loera y su abogado se reunieran en una habitación separada por una hoja de plástico transparente impedía el legítimo derecho a la defensa del acusado.
En ese sentido, la corte ordenó al gobierno que instalara monitores de computadora a ambos lados de la habitación, así como una ranura para que Guzmán Loera y Balarezo pudieran intercambiar documentos para preparar su defensa.
Cogan pidió contar con tales modificaciones antes del 8 de noviembre, cuando está fijada una nueva comparecencia de Guzmán Loera ante la corte. Balarezo no ofreció reacciones sobre la decisión del juez.
“Las modificaciones propuestas por el gobierno otorgan al acusado los medios constitucionalmente adecuados para prepararse para el juicio sin interferir con la operación segura del MCC”, concluyó Cogan.
Estas modificaciones suceden luego de que el gobierno hubiera permitido a principios de mes que Guzmán Loera recibiera llamadas telefónicas regulares de Balarezo y de familiares inmediatos.
Sentenciado ya en México por delitos de narcotráfico, el «Chapo» Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero pasado para enfrentar en Nueva York 17 cargos relacionados con su actividad en la importación y distribución de enervantes. Su juicio está programado para comenzar en abril de 2018.
