Agencias
Fue un mensaje breve pero que contravenía abiertamente una postura política que Estados Unidos había mantenido vigente durante más de medio siglo.
«Acabo de hablar con mi amigo MBS (el príncipe heredero, Mohamed Bin Salman) de Arabia Saudita, quien habló con el presidente (Vladimir) Putin de Rusia, y espero y deseo que ellos recortarán aproximadamente 10 millones de barriles, y quizá más», tuiteó el 2 de abril el presidente de Estados Unidos, Donald Trump .
«Si eso ocurre será estupendo para la industria de petróleo y gas», agregó.
Lo llamativo no era tanto que Trump trabajara para un acuerdo entre Arabia Saudita, líder oficioso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) , y Rusia, sino el objetivo del pacto en cuestión: reducir la producción de petróleo para lograr un aumento en el precio.
A inicios de marzo, el precio del barril ya se encontraba presionado a la baja debido a la ralentización de la economía mundial causada por los primeros embates del coronavirus, por lo que Arabia Saudita propuso a la OPEP+ (conformado por la OPEP, Rusia y otros nueve países productores) sacar a partir de abril del mercado 1,5 millones de barriles diarios adicionales.
Las negociaciones fracasaron y Riad le declaró a Moscú una especie de «guerra de precios» que ha derrumbado el valor de mercado del crudo hasta niveles no vistos desde 2002.
Este jueves está prevista una reunión del OPEP+ para explorar un nuevo acuerdo.
Sin embargo, los analistas dudan si un nuevo recorte será suficiente para recuperar los precios pues en el mes transcurrido desde que descarrilaron de las negociaciones la economía mundial prácticamente ha quedado paralizada por las cuarentenas para frenar la pandemia , lo que ha derrumbado aún más la demanda.
Al menos desde la década de 1970, la OPEP ha recurrido a los recortes de producción para apuntalar los precios, una práctica que siempre fue duramente criticada por Washington y por el resto de potencias occidentales.
«Históricamente, a los efectos de Estados Unidos, la OPEP es un cartel y eso es algo que en ese país no es aceptado y, de hecho, es considerado ilegal», dice el economista José Toro Hardy, quien fue director principal de la petrolera estatal venezolana P DVSA hasta la llegada al poder de Hugo Chávez , en una entrevista con BBC Mundo.
La existencia de un grupo de productores con control del mercado que se ponen de acuerdo para fijar los precios se ubica en las antípodas del libre mercado que pregona Estados Unidos. Y esa es justo la idea que por décadas ha prevalecido en Washington acerca de la OPEP.
«He estado en contra de la OPEP toda mi vida. ¿Por qué? Porque es ilegal, lo puedes llamar cartel, monopolio. No me puede importar menos la OPEP», dijo hace unos días el presidente.
«Solía odiar a la OPEP», dijo el miércoles.
Pero, entonces, ¿de dónde viene este giro de Trump?
«Los mafiosos del petróleo»
Surgida en 1960 por iniciativa de Arabia Saudita, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, la OPEP buscaba inicialmente garantizar que esos países recibieran un precio más justo por su petróleo que, entonces, era explotado principalmente por las llamadas Siete Hermanas, un grupo de transnacionales que controlaban el mercado en el lado capitalista de la Cortina de Hierro.
«Cada una de estas compañías estaba integrada verticalmente y tenía control tanto de la operaciones upstream (exploración, desarrollo y producción de crudo) y, en un grado significativo aunque menor, las operaciones downstream (transporte, refinación y mercadeo)», explican Bassam Fattouh y Lavan Mahadeva en un artículo publicado en la revista Annual Review of Resource Economics .
«Al mismo tiempo, las Siete Hermanas controlaban la oferta de petróleo que entraba al mercado a través de la propiedad compartida de compañías que operaban en varios países», añaden.
Los países petroleros recibían de estas empresas pagos por los permisos requeridos para explotar sus recursos energéticos y por concepto de impuestos, pero no tenían mucha capacidad para incrementar esos ingresos.
Sin embargo, a partir de la década de 1970, los países de la OPEP se hicieron cargo en gran medida de la explotación de sus propios recursos, en muchos casos a través de la nacionalización de la industria petrolera.
En 1973, los países árabes productores de petróleo paralizaron sus envíos de crudo hacia Estados Unidos y hacia Países Bajos como castigo por el apoyo que estos dieron a Israel durante la guerra de Yom Kippur.
Como consecuencia de este embargo los precios del crudo se cuadruplicaron para 1974 y hubo problemas de escasez de combustible en Estados Unidos , lo que llevó al gobierno de Richard Nixon a plantearse una acción militar para tomar el control de los pozos petroleros de Arabia Saudita y Kuwait.
Esa invasión no se concretó gracias a un acuerdo que puso fin al embargo petrolero, pero la crisis llevó tanto a Estados Unidos como al resto de potencias occidentales a reevaluar su dependencia energética de Medio Oriente y a impulsar su producción interna, así como la eficiencia en el consumo.
Desde entonces, cada vez que el precio del petróleo sube mucho resurgen las voces en Estados Unidos que llaman a tomar medidas contra la OPEP.
Una de esas ha sido la del propio Trump, quien en su libro de 2011 Time to Get Tough , se refiere a esa organización como los «mafiosos del petróleo».
«Estamos transfiriendo centenares de miles de millones de dólares cada año a países de la OPEP que odian nuestro coraje. Y, de nuevo, estamos dando todo este dinero a gobiernos que bullen en odio antiestadounidense. Es una política estúpida», escribió Trump.
«Con un liderazgo apropiado, podemos hacer que el precio baje a US$40-US$50 por barril, si acaso no a US$20 como previamente sugerí. Pero para llegar allí necesitamos un presidente que se ponga duro con los que verdaderamente especulan con el precio: no tu estación de gasolina local, sino el cartel ilegal que ha tomado como rehén a la riqueza de Estados Unidos, la OPEP», agregó.
Trump proponía entonces demandar a los miembros de la OPEP ante los tribunales por violar las leyes antimonopolio, una posibilidad que para ser viable requiere de la aprobación de una ley especial pues la normativa estadounidense actual concede inmunidad a esos estados.
Esa idea no es nueva. Se conoce como la Ley contra los Carteles de Productores y Exportadores de Petróleo (NOPEC, por sus siglas en inglés) y durante los últimos 20 años el proyecto ha sido discutido por el Congreso de Estados Unidos en varias oportunidades.
