El decreto descretado
Por: JUAN JOSÉ RAMÍREZ
El caso que ha llamado la atención en Matamoros sin duda alguna ha sido el decreto emitido por el gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, quien le anunció al Ayuntamiento de Matamoros que tendría que otorgarles la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito local de esta ciudad fronteriza, luego de unos bloqueos que se registraron por parte de taxistas que no quieren al Grupo Operativo Especial, GOPES.
En este decreto el Gobierno del Estado argumenta que las autoridades municipales fueron omisas ante el problema social de bloqueos y hasta la detención de una persona que desesperado chocó varios vehículos en su afán de poder salir de la zona centro de Matamoros.
Sin duda, se podría considerar una omisión por parte de la autoridad municipal cuando tienen a cargo la seguridad de la población; además, cuente con los elementos necesarios; equipo táctico y todo habido y por haber para poder llevar a cabo un operativo y desalojar a los manifestantes, sin embargo, no lo tiene, por lo tanto podríamos considerar que no hay omisión.
Y no lo tiene porque por un acuerdo que está vigente, el Ayuntamiento de Matamoros, aprobado por el Cabildo, ha cedido el prepuesto federal de 20 millones anuales dedicados a la Seguridad al Gobierno del Estado, quienes cuentan con todos los elementos, así como equipo necesario para poder romper bloqueos y manifestaciones, pero en este caso no lo hicieron, pese a que el Ayuntamiento les notificó en tiempo y forma del problema.
Entonces en esta presunta omisión, ¿Quién debió de actuar?
Desde los tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa, en esa batalla contra la delincuencia, por allá en el 2009, conformó un mando único, donde la autoridad federal era quien administraba y operaba las Secretarías de Seguridad Pública, donde incluía Tránsitos, en las diferentes entidades federativas y hasta los municipios.
Por ello en aquél entonces fueron prácticamente despedidos la mayoría de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Matamoros, de un día para otro, mientras los elementos del Tránsito no salieron por varios meses, solo acudían al llamado de accidentes viales y los cargos de alto rango los ocupaban tenientes, así como generales.
Con la entrada de Enrique Peña Nieto al poder, las cuestiones de seguridad cambiaron, por lo que deja prácticamente libre a los Estado de llevar a cabo su labor de seguridad, donde incluye un presupuesto federal llamado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como un programa llamado Fortalecimiento para la Seguridad Pública.
Dentro de estos programas el Gobierno Federal envía recursos a los Ayuntamiento y los Estados, para que de esta forma puedan disponer y mejorar el sistema del Seguridad Pública, dejando en la libertad a estos actores para que puedan moverlo como ellos quieran, siempre y cuando vaya dentro del tema de la seguridad.
Y así sucedió, el Gobierno Federal ha otorgado, desde ese entonces, toda la responsabilidad al Gobierno del Estado de la Seguridad de sus ciudadanos, debido a que los municipios carecen de elementos, así como unidades para llevar a cabo operativos, como los que realiza por ejemplo la Policía Estatal.
Pese a todo el ello, el acuerdo del Ayuntamiento que tenía vigencia hasta diciembre del 2020, fue prácticamente roto por el Gobierno del Estado ante un decreto, que si bien es cierto cuenta con todo el derecho de hacerlo, también lo es que rompe con un acuerdo que incluso estaba involucrado el cabildo.
Lo que si queda muy claro que el Gobierno del Estado tienen todo su derecho sobre las Secretaría de Seguridad Pública de los 43 Ayuntamientos de Tamaulipas, pese a que los Ayuntamientos cuenta con su autonomía que en estos casos no ha quedado muy claro, por lo que existe un vacío en la ley en este sentido.
Por eso los elementos de Tránsito local deben de ser acreditados por el Gobierno del Estado y quienes no, no pueden aplicar ninguna multa, ya que con una denuncia ciudadanía podría tener responsabilidad como funcionarios públicos.
Ahora habrá que esperar el actuar de los elementos de Tránsito local, por lo que han desaparecido ya los auxiliares que fueron incluso aprobador por la Secretaría General del Gobierno, porque de ello dependerá si se tiene un costo político o no en el actuar con los ciudadanos.
Pero además deberemos de estar esperando mejores patrullas para estas corporaciones, por lo que lo mínimo sería prudente que el Gobierno del Estado regrese en equipamiento los más de 20 millones de pesos que le otorga el Ayuntamiento y que son enviados por el Gobierno Federal.
Además que también representa un costo político muy grande el actuar de estos elementos en contra de los ciudadanos al momento de detenerlos o aplicar una multa, por lo que ahora si hay corrupción el responsable será el Gobierno del Estado y no el Ayuntamiento de Matamoros.
POR AQUÍ Y POR ALLÁ
Vaya situación que se llevó la diputada Adriana Lozano Rodríguez en hacer una conferencia de prensa para darle el apoyo a su compañero diputado Mario Delgado para la dirigencia nacional de MORENA, tal vez se le olvidó a la diputada que ella representa al Partido Encuentro Solidario, PES en el Congreso de la Unión.
Pero no queremos creer que también se le haya olvidado que viene un recorte muy fuerte por parte del Gobierno Federal para Tamaulipas y tendría que levantar la voz en el Congreso en lugar de andar en una grilla interna de un partido al cual no pertenece…
Ya que hablamos del PES quien se encuentra haciendo recorridos por varios municipios en sus tiempos libres es el regidor David Bedartes, quien está haciendo puntos para dirigir este Partido a nivel estatal…
No somos adivinos ni mucho menos, pero en el próximo proceso electoral si a los Partidos se les complica la postulación de equidad de género podríamos tener tres mujeres compitiendo para Ayuntamiento de Matamoros, Ivett Bermea por el PAN; Adriana Lozano por el PES y Marcela Ronquillo por el PRI, no suena descabellado…HASTA AQUÍ LA DEJAMOS.
RETAZO
Tómala; mía; te la presto; dámela.
