Terry Cole, director de la DEA, vuelve a advertir que irá contra los políticos vinculados al narcotráfico. Pero mientras Washington presume mano dura, Rubén Rocha Moya sigue muy mondo y lirondo. Mucho ruido, pocas nueces: quieren espantar al muerto con el petate.
Ya no amenace “Mister”,vengan por ellos; pero también deporten a los que ustedes tienen allá en EU, como lo es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada en México. ¡Todos coludos o todos rabones!.
Las nuevas declaraciones de Mister Cole, sobre los presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales, difícilmente provocarán sobresaltos en una clase política que parece haber desarrollado inmunidad frente a las amenazas de Washington; ya ni cosquillas les hacen.
El funcionario estadounidense insiste en que su agencia no dará marcha atrás y que continuará exponiendo a los actores políticos que presuntamente protegen o facilitan las operaciones de los cárteles.
El problema es que ese discurso comienza a desgastarse por una razón elemental: la amenaza no es sinónimo de justicia y la advertencia no equivale a una acción judicial. Es pura saliva la de Mister Cole, nunca da nombres, ni presenta pruebas.
En política, la credibilidad no se construye con declaraciones estridentes, sino con resultados verificables. Y es precisamente ahí donde el discurso de la DEA enfrenta su mayor contradicción.
Basta observar el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien fue incluido entre los señalados por el Departamento de Justicia estadounidense por presuntos vínculos con integrantes del narcotráfico. Una acusación de enorme gravedad que colocó nuevamente en el centro del debate la penetración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales.
Sin embargo, mientras las acusaciones estadounidenses provocan titulares y tensiones diplomáticas, Rocha Moya continúa en libertad y en el ejercicio de sus funciones. No debe confundirse esto con una declaración de inocencia ni tampoco con una prueba de culpabilidad: significa que, hasta ahora, el escándalo político no se ha traducido en una consecuencia judicial que permita medir la contundencia de las advertencias estadounidenses.
Mister Cole, ¿de qué le sirve anunciar que va contra los narco-políticos, si los casos más emblemáticos siguen sin producir resultados judiciales definitivos?; además ya les dijo nuestra presidenta que presenten pruebas y ella misma les entregará a esos que ustedes llaman: “narcopolíticos”.
La DEA parece apostar demasiado a la intimidación mediática. Sus funcionarios lanzan advertencias, señalan la corrupción institucional y prometen exhibir complicidades, pero la sociedad necesita saber qué investigaciones avanzan, qué pruebas existen y qué responsabilidades se están fincando; porque de lengua todo mundo se come un plato.
La narco-política no es un fenómeno que se resuelva exhibiendo nombres en conferencias o publicaciones de redes sociales, ni tampoco es un problema exclusivo de México, allá en los Estados Unidos, también existen esa clase de personajes.
La narco-política es una estructura de intereses que puede involucrar financiamiento electoral, protección policial, filtración de información, contratos públicos, impunidad y control territorial. Desmantelarla exige investigaciones profundas y responsabilidades penales, no solamente discursos Mister Cole.
También hay una contradicción que Washington debería explicar: Estados Unidos señala la corrupción política mexicana como una amenaza para su seguridad nacional, pero la cooperación bilateral sigue dependiendo de acuerdos con las mismas instituciones mexicanas cuya eficacia e integridad están permanentemente bajo escrutinio; entonces, esos abrazos a Omar García Harfuch, son fingidos o de que se trata.
No se trata de minimizar la capacidad de investigación estadounidense, sino de exigir congruencia entre lo que sus funcionarios anuncian y lo que realmente consiguen.
EN CONTRAPARTIDA, mientras no existan consecuencias judiciales claras, las declaraciones de Mister Cole corren el riesgo de convertirse en una especie de amenaza ritual: mucho estruendo para demostrar autoridad, pero poca capacidad para provocar temor entre quienes deberían sentirse aludidos.
Los políticos mexicanos, ya están acostumbrados a sobrevivir escándalos, denuncias y señalamientos, parecen haber entendido que una acusación extranjera no necesariamente significa que tendrán que rendir cuentas.
Por eso, las nuevas advertencias del director de la DEA terminan pareciéndose a aquello de espantar al muerto con el petate.
Porque si la DEA realmente quiere demostrar que la narco-política tiene los días contados, que deje de anunciar a quiénes pretende exhibir y comience a demostrar ante los tribunales quiénes son responsables. Mister Cole, deje la saliva para el pinole.
P. D. de lo contrario, los narco-políticos seguirán durmiendo tranquilos, mientras Mister Cole continúa intentando asustarlos con declaraciones que cada vez producen menos miedo y más escepticismo.