EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
*Mientras el Ejército, la Marina y las corporaciones policiales presumen combatir al crimen organizado, una investigación revelada desde Estados Unidos vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: el narcotráfico también puede tener aliados dentro de las instituciones que deberían perseguirlo.
Hay enemigos que disparan desde afuera y otros que traicionan desde adentro. Los primeros se enfrentan con armas; los segundos pueden hacerlo desde un escritorio, detrás de un uniforme o amparados en una placa oficial.
La revelación publicada el pasado 11 de noviembre por Reforma, bajo el encabezado “Revelan desde EU narco-pitazos”, no es cualquier noticia. Es una radiografía de lo que ocurre cuando el narcotráfico consigue algo mucho más valioso que un arsenal: información privilegiada del propio Estado, de las propias corporaciones policiacas, que se supone son las que deben perseguirlo.
De acuerdo con las acusaciones de autoridades estadounidenses, una red presuntamente encabezada por Édgar Aarón Vázquez Alvarado, alias “El General”, habría tejido relaciones con funcionarios y elementos de estructuras policiales y militares para obtener información confidencial sobre operativos, cateos, investigaciones y órdenes de aprehensión.
Lo anterior me recuerda a la serie de TUSLA, cuyo protagonista es Sylvester Stallone, que la hace de mafioso italiano y le apodan también “El General”; que por cierto, una de las máximas que aplica, para confiar en su gente cercana es: “si un hombre es capaz de traicionar a la mujer –esposa- con la que duerme, imagínate lo que es capaz de hacer”.
Lo anterior solo es un recuerdo que me vino a la memoria de esa serie, pero volvamos al punto: según las investigaciones difundidas, habría alcanzado dimensiones millonarias: pagos iniciales de aproximadamente 500 mil dólares y mensualidades cercanas a los 100 mil dólares por servicios de información y protección.
¡Vaya negocio!. Mientras los mexicanos financian con sus impuestos a las instituciones de seguridad, presuntamente había quienes convertían sus uniformes, sus contactos y sus accesos privilegiados en mercancía para el narcotráfico.
Y aquí está el verdadero problema: ¿de qué sirve desplegar miles de soldados y policías si alguien, desde adentro, le avisa al delincuente cuándo, dónde y cómo van a detenerlo?.
No es solamente corrupción. Es una posible traición a las instituciones, a los compañeros que arriesgan la vida y, sobre todo, a los ciudadanos que esperan protección. Son en otras palabras, verdaderos traidores a la patria. Que un civil se corrompa, lo podemos esperar; pero de nuestros soldados y marinos, eso no lo aceptamos lo mexicanos.
Giovanni Sartori, declaró públicamente que el combate contra el narcotráfico debería aplicarse el Código Militar; porque en México prácticamente se está en guerra, incluyendo el fusilamiento a los narcos; este filósofo y politólogo recibió fuertes críticas por esa manifestación, sobre todo porque está en contra del marco legal mexicano y de los derechos humanos.
Este tema de la infiltración del narco en las corporaciones policiacas, tampoco es un fenómeno nuevo. Ahí está Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, declarado culpable en Estados Unidos en 2023 por colaborar con el Cártel de Sinaloa. Un funcionario que ocupó una de las posiciones más importantes del aparato de seguridad mexicano terminó condenado por sus vínculos con el narcotráfico.
Ese antecedente debería haber encendido todas las alarmas. Pero parece que el problema sigue teniendo nuevas expresiones. La infiltración criminal no necesariamente necesita apoderarse de una institución completa; le basta con comprar voluntades estratégicas.
Un policía que filtre una ubicación, un militar que revele un operativo, un funcionario que entregue un expediente o un mando que se haga de la vista gorda pueden convertirse en piezas decisivas para una organización criminal.
Y eso es precisamente lo que vuelve tan peligrosa esta modalidad de corrupción: el delincuente no necesita derrotar a las fuerzas del Estado cuando puede anticiparse a sus movimientos gracias a sus propios colaboradores.
Hay otra cuestión que tampoco debe pasar inadvertida: que una investigación de esta dimensión sea exhibida desde Estados Unidos obliga a las autoridades mexicanas a explicar qué saben, qué investigaron y qué mecanismos utilizaron para detectar semejantes redes de complicidad.
La soberanía no se defiende solamente con discursos contra Washington. También se defiende con instituciones limpias, inteligencia propia y capacidad para investigar a quienes traicionan al país desde dentro.
Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y las autoridades militares tienen una responsabilidad institucional: esclarecer los señalamientos, investigar las posibles conexiones y garantizar que ningún elemento corrupto tenga capacidad de vender información estratégica.
No se trata de desacreditar al Ejército, la Marina o las corporaciones policiales. Se trata de protegerlas de quienes presuntamente utilizan su investidura para servir a intereses criminales.
Porque hay algo que debe quedar muy claro: un narcotraficante armado representa una amenaza; un narcotraficante con información militar, policial y judicial representa una amenaza multiplicada.
Y cierro con una pregunta que merece respuesta, no discursos: ¿CUÁNTOS OPERATIVOS HA FRUSTRADO EL NARCOTRÁFICO PORQUE ALGUIEN, DESDE ADENTRO DE LAS INSTITUCIONES, LE AVISÓ QUE IBAN POR ÉL?.
En México, el problema no es solamente cuántos delincuentes están armados. También es cuántos pueden estar detrás de un escritorio, portando un uniforme y cobrando del erario mientras presuntamente trabajan para el enemigo.
P.D. Porque cuando el narco compra al guardián, la ciudadanía queda a merced del delincuente.