Inicio Reportajes Controversia Constitucional contra el decreto de la ignominia de Cabeza de Vaca
Matamoros dará la batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la autonomía municipal del municipio Libre
*Sacan el pecho los regidores del PES-PT-MORENA, mientras que los del PRI y del PAN le dan la espalda al pueblo.
Alejandro Mares Berrones
La respuesta contra el decreto publicado el pasado 22 de septiembre, en el Periódico Oficial del Estado, con el cual el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió como lugar y corriente virrey el mando de la policía municipal, que no existe desde 2013 y Tránsito de la ciudad de Matamoros; tuvo una respuesta contundente por parte de los regidores del Partido Encuentro Social, del Partido del Trabajo y de Morena.
Desde la sala del Cabildo le respondieron el gobernador.
El primero en tomar la palabra fue el regidor Iván Puente, Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública:
“Debemos dejar bien claro que al manifestar nuestro posicionamiento, respecto al decreto emitido por el gobernador constitucional del Estado, mediante el cual asume el mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, ante ponemos como prioridad el municipio Libre de Matamoros y su población”.
Recalcó:
“La autonomía que se le otorga a la figura del municipio a nivel constitucional y por consiguiente la legalidad que todos los actos de autoridad deben revestir”. 
Explicó:
“En ese tenor establecemos lo que ya se sabe, Matamoros es un municipio que es gobernado por un ayuntamiento, integrado por 2 síndicos y 21 regidores, presididos por un alcalde. Entonces el Cabildo es la autoridad que por unanimidad o por mayoría asume las determinaciones que han de regir, el actuar municipal”.
Sobre la notificación que apunta de metralletas y armados hasta los dientes le trajeron a la Presidencia Municipal la Policía Estatal, dijo:
“El municipio de Matamoros Tamaulipas, ha sido notificado por conducto de su presidente municipal, de un decreto mediante el cual el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, asume el mando inmediato de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fundamentándose por ello en la fracción VII del artículo 115 constitucional y motivando su determinación en el hecho de que la ya citada Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fue omisa al dejar de intervenir en los eventos sucedidos en territorio del municipio y que alteraron gravemente la paz social”.
Iván Puente se va al fondo del asunto:
“Ahora bien, si bien es cierto, que el artículo 115 constitucional en su fracción VII establece que; la policía preventiva estará al mando del Presidente Municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador de Estado le transmita en aquellos casos que este juzgue como de fuerza mayor o de alteración grave del orden público”.
Acotó:
“No es menos cierto que la motivación esgrimida por la aplicación de esta disposición no es veraz, ni suficiente, ni Integra, ni legal de manera contundente”. 
“En el ejercicio de su autonomía, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, celebró un Convenio de colaboración y coordinación en materia de seguridad pública celebrado con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el cual se cedía a este último las funciones de seguridad pública en el territorio geográfico que comprende el municipio de Matamoros Tamaulipas, convenio suscrito el 17 de enero del año en curso y vigente de su suscripción hasta el 31 de diciembre de esta propia anualidad”.
Aclaro que la seguridad pública corresponde al Estado:
“La tutela de la seguridad pública en el municipio, corresponde al Estado desde el año 2013, ratificándose el convenio en ese sentido periódicamente”.
“La seguridad pública corresponde al gobierno del Estado así lo establece con precisión el convenio aludido”.
Y recordó:
“Además los recursos que el Gobierno Federal destina al municipio, mediante el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y que son del orden de 20 millones de pesos anuales, son cedidos por el municipio al Gobierno del Estado, para que este último adquiera equipo táctico, mobiliario, armamento, personal y todo lo necesario para otorgar seguridad a Matamoros, Tamaulipas”
Por último el presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública, remató:
“Repito 20 millones de pesos que cede el municipio por año al Estado, hay convenio y seguridad está a cargo del Gobierno del Estado”.
Analizan presentar Controversia Constitucional
Por su parte el regidor David Bedartes, secretario de la citada Comisión, dijo:
“Por lo tanto, manifestamos respetuosamente nuestro desacuerdo a lo expresado en el decreto gubernamental, en la parte que dice que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fue omisa al no intervenir en el evento que alteró el orden público y que ya ha referido, pues la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no era la corporación facultada y capacitada para actuar en ese acto”.
Y señala con índice de fuego:
“En todo caso quién debió y pudo actuar y no lo hizo fue la Policía Estatal Acreditable del Gobierno del Estado, asignada a este municipio, dependencia que desde luego tuvo pleno conocimiento de los eventos que se vienen hablando”. 
“Ahora al inicio de este comunicado se ha dejado bien claro que la prioridad es el pueblo de Matamoros: si tomar el mando de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, implica tener un cuerpo policiaco capacitado, equipado, eficiente, honesto y con la proximidad que se requiere para brindar seguridad a los matamorenses, es bienvenido”.
“Sí ese cuerpo de policía integrado, capacitado y equipado, sustituye a nuestras corporaciones desarmadas y sin equipo táctico y eso redunda en más seguridad eficiente, la medida sería bien vista, sin embargo y también de cara la autonomía municipal si el decreto gubernamental no reúne los requisitos fundamentales para su validez, aún con lo con lo que su contenido implique, desde ahora manifestamos que se analiza la pertinencia de promover la Controversia Constitucional que procede en contra del decreto de que se habla para reestablecer la autonomía municipal”.
Y concluyó el regidor Bedartes:
“Nada debe estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autonomía municipal, es una calidad que tiene rango constitucional. Los tribunales determinarán en todo caso la legalidad del acto”.
EL DECRETO ROMPE CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL
El apoderado legal del municipio el segundo síndico Isidro Vargas Fernández, también intervino el pasado 25 de septiembre, y desde la sala de Cabildo en la que estuvieron presentes otros regidores como Elva Agustina Vigil Hernández, Julia Rosa Fávila Castillo, Rommel Araín Delgado Chavira, Alba Viridiana Villasana Aguilar, Edgar Demián Laurents Mayer y Perla Guadalupe Median Ruíz, dijo:
“El decreto en esencia trasgrede el orden y rompe con el orden constitucional”.
Así de claro fue el segundo síndico y agregó:
“Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno del Estado, al Gobernador del Estado que se actúe de manera jurídica, el Ayuntamiento tiene una autonomía como tal y como bien saben, sabemos todos, el mando policiaco siempre lo ha tenido el Gobierno del Estado. desde hace tres o cuatro administraciones atrás”.
“Por lo que existe un convenio suscrito a enero del 2020 a diciembre de este año, es que la policía preventiva le toca al Gobierno de Estado y Tránsito y Vialidad al municipio”.
Vargas Fernández, fue categórico:
“Este decreto rompe con tal convenio y rompe el orden constitucional”.
“Vamos a ver la posibilidad y vamos a revisar el tema de presentar una controversia constitucional en contra del decreto emitido por el gobernador Cabeza de Vaca”.
Hizo un llamado la policía estatal:
“También hacemos un llamado al cuerpo policiaco, a la Policía Estatal que de seguridad a los matamorenses, que no se empeore la situación, porque sabemos de hechos suscitados en otras ciudades, también aquí”.
Remató:
“Muchas veces no se actúa con apego a la ley y a los derechos humanos, hay delitos que también ha cometido la Policía Estatal y por eso hacemos este llamado respetuoso de que Matamoros tenga paz y tranquilidad y se actúe conforme al Estado de Derecho”.
