Con el reforzamiento de la seguridad digital de la Sedena y la Secretaría de Marina, seguramente se vendrá una nueva inversión millonaria en software, incrementando el gasto, que de por sí ya es bastante grande si hablan de lo gastado por el Gobierno en el polémico software Pegasus, mismo que utiliza para espiar a figuras políticas, reporteros y defensores de derechos humanos, según acusaciones anteriores.
De acuerdo con un reportaje de The New York Times, realizado por Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía en México y Ronen Bergman, el gobierno mexicano, que no quiere ser espiado pero sí espiar, es el mayor cliente de la empresa NSO Group, dueña del programa de espionaje digital Pegasus, mismo que lleva utilizándose desde 2011.
Según la investigación de The New York Times, el gobierno mexicano continúa operando el software de espionaje para espiar y reprimir a defensores de los derechos humanos, activistas de la democracia, periodistas y otros ciudadanos que desafían la corrupción y los abusos, esto, pese a que tras acusaciones pasadas había afirmado que no se utilizaba con este fin.
AMLO se lanza contra periodista por cuestionar el uso de Pegasus
Durante la mañanera del 10 de marzo del 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un altercado con la periodista Nayeli Roldán, a quien acusó de “tendenciosa, vendida, alquilada, y al servicio de los corruptos”, cuando esta lo cuestiono por el uso de Pegasus para espiar a políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
En esa ocasión AMLO aseguró que la Sedena usa Pegasus para monitoreo y labores de inteligencia, y no para espionaje, pues esto último es algo que ya padeció y por lo tanto su gobierno no hace estas cosas, marcando la diferencia en que “espionaje es tiene que ver con persecución política, con limitar las libertades, con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores”.
Tiempo después, la Secretaría de la Defensa publicó un documento titulado «acciones de inteligencia, orientadas a atender amenazas y riesgos a la seguridad nacional», en el que se aseguraba que “las acciones de inteligencia están orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos a la seguridad nacional, su probabilidad de ocurrencia e impacto, las variables que los componen y su relación causal”.
En aquel documento, aunque se aseguraba que la Sedena no espía a periodistas, ni a defensores de derechos humanos, se dejaba entrever que si estos eran investigados con el uso de Pegasus, era porque estaban relacionados de alguna forma con las investigaciones que llevaban a cabo contra el crimen organizado.
“Han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas (funcionarios, activistas o políticos) se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”.
En el mismo documento, la Sedena se pronunciaba contra la filtración de documentos clasificados, mismos que aseguró carecen de validez, pues fueron obtenidos mediante un ciberataque a cuantas no oficiales o de información pública, además de que esos documentos pudieron ser alterados por cualquier persona.
Sedena niega usar Pegasus para espiar
En cuanto al uso de pegasus para espiar a civiles, la Sedena negó que las labores de inteligencia sean a través de la intervención de teléfonos, esto pese a que son el mayor cliente de Pegasus, pues según ellos, las labores de inteligencia que realizan son:
- El análisis e interpretación de información que se encuentra disponible en fuentes abiertas como: redes sociales, medios de comunicación, revistas y periódicos
- Actividades de campo, reuniones con otras dependencias, organizaciones sociales, políticas y mediáticas del país,
- La comparación con bases de datos que poseen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública y de la procuración de justicia del país.
Y aclararon, que la intervención de celulares solo es posible mediante la autorización emitida por un Juez de la Suprema Corte de Justicia u otra autoridad competente para ello, quienes también tienen que “autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito”.
“La Constitución refiere que es facultad exclusiva de la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, debiendo fundar y motivar fehacientemente las causas”.