La relación entre los hermanos Carmona Angulo y el exgobernador prófugo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue expuesta en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, por diputados locales tamaulipecos, quienes advirtieron la existencia de una trama para desviar la atención de esos delitos a partir de noticias falsas.
El diputado coordinador de la bancada mayoritaria morenista, expuso la instalación de una Comisión Especial para dar seguimiento a las denuncias interpuestas por la Secretaría de Salud estatal, referente a desvíos de recursos públicos por un monto superior a 343 millones de pesos, durante la administración del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en lo que estarían involucrados personajes que ellos asociaron a MORENA.
Humberto Prieto Herrera, denunció lo que calificó como una estrategia del PAN, para desviar la atención de sus actos de corrupción, mediante la difusión de noticias falsas en medios afines, para el caso, sobre su relación con los hermanos Carmona Angulo, que terminaron por confesar públicamente, tras años de negarlo.
Como otro ejemplo, mencionó la campaña de difamación en contra de la magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras, a quien falsamente se le acusó de haber desaparecido y solicitado protección federal.
El exgobernador y su partido, orquestaron la denominación mediática de Sergio Carmona como “el Rey del Huachicol”, asociándolo a MORENA, cuando fue con ellos, de acuerdo a las pruebas exhibidas, con quienes hizo negocios irregulares, mientras con otra serie de noticias falsas, han tratado de desprestigiar a la nueva titular del Poder Judicial del Estado, igual, buscando impunidad.
El legislador recordó que los desvíos señalados a la pasada administración estatal panista, alcanzan una cifra superior a mil 500 millones de pesos en recursos estatales y más de siete mil millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación.
“Defendiendo a las y los ciudadanos que piden justicia, vamos a dar seguimiento a cada peso que haya sido afectado del erario público. Dicen que la justicia, a veces tarda, pero siempre llega. Ha llegado el momento de que, en nuestro estado, esa justicia toque a la puerta de quienes abusaron de la confianza del pueblo tamaulipeco, y ahora está más cerca que nunca”, asentó.
La conferencia de prensa en la sede del Poder Legislativo federal, se dio en el marco del fortalecimiento de la coordinación legislativa entre el Congreso del Estado de Tamaulipas y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la participación del y las diputadas federales Carlos Enrique Cantúrosas Villarreal, Olga Juliana Elizondo Guerra y Blanca Araceli Narro Panameño, quienes acompañaron a la comitiva tamaulipeca conformada por cerca de 20 legisladores locales de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo.
Durante su intervención, el diputado federal Carlos Cantúrosas Villarreal destacó la importancia de alinear las prioridades legislativas federales con la agenda estatal para continuar impulsando políticas públicas en beneficio del pueblo de Tamaulipas.
Por su parte, el diputado Prieto Herrera, subrayó que la delegación acudió a la Cámara de Diputados para mantener un diálogo abierto sobre las reformas prioritarias para el país, además de reiterar el compromiso de legislar con responsabilidad, transparencia y visión de futuro.
Prieto Herrera informó que el Congreso de Tamaulipas fue el primer Congreso local en firmar un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en el trabajo legislativo. Asimismo, destacó que el Poder Legislativo estatal obtuvo la certificación ISO 9001, lo que garantiza calidad en los procesos internos y administrativos.
Uno de los temas centrales abordados fue la renovación total del Poder Judicial del Estado, hecho sin precedentes en el país, que comenzó con una iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo estatal, Américo Villarreal Anaya, y que culminará el próximo 30 de septiembre con la toma de protesta de las nuevas juezas y jueces, Magistrados y Magistradas electos democráticamente, quienes iniciarán funciones el primero de octubre.
