EN PARTIDA DOBLE
Alejandro Mares Berrones
El alcalde de Río Bravo, Miguel Angel Almaraz Maldonado, tiene mucho que explicar: su pasado judicial, su viaje a Zacatecas, la ausencia de escoltas y las circunstancias de una liberación que dejó más preguntas que respuestas.
Almaraz ya está de regreso, pero su historia no termina con haber sido localizado con vida. Por el contrario, comienza una serie de interrogantes que no pueden despacharse con un comunicado oficial ni con fotografías de un alcalde sonriente.
El sábado 7 de noviembre fue interceptado por hombres armados en la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio zacatecano. Viajaba con familiares rumbo a Real de Catorce. Sus acompañantes fueron abandonados y él terminó privado de su libertad.
La región no es precisamente un territorio de paz. En esa zona operan organizaciones criminales y se ha señalado la presencia de células conocidas como Los Talibanes, identificadas como una escisión de Los Zetas. ¿Fueron ellos?, ¿Almaraz cayó en manos de esa organización o se trató de otro grupo criminal?, ¿Almaraz tiene cuentas pendientes con alguien?.
No es una acusación, es una línea de investigación que las autoridades deben descartar o confirmar con pruebas. Porque tampoco podemos olvidar que el hoy alcalde fue detenido en 2009 por una investigación federal relacionada con el robo y tráfico de hidrocarburos. Permaneció casi seis años en prisión y fue liberado en enero de 2015 tras ser absuelto. No se le puede condenar nuevamente desde una columna, pero tampoco borrar ese antecedente de su trayectoria pública.
Almaraz regresó a la política, conquistó la alcaldía de Río Bravo y ahora aparece en el tablero como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas. Sin embargo, su reciente episodio en Zacatecas deja demasiadas interrogantes.
¿Qué hacía el alcalde fuera de Tamaulipas?, ¿tenía autorización del Cabildo para ausentarse?, ¿se encontraba en una comisión oficial, de vacaciones o realizando alguna actividad de carácter personal?.
El ayuntamiento debe transparentar su agenda y exhibir, si existe, el acuerdo correspondiente. La Fiscalía de Tamaulipas debe solicitar los documentos, reconstruir sus movimientos y establecer con precisión qué ocurrió.
Hay otro asunto que tampoco puede pasar inadvertido: ¿por qué viajaba sin escoltas?, ¿quién conocía su itinerario?, ¿sus captores lo estaban esperando?, ¿lo reconocieron en el camino o iban por alguien más?.
Y si las carreteras cuentan con sistemas de video vigilancia, que se revisen. Que se reconstruya la ruta, se verifiquen horarios, vehículos, comunicaciones y testimonios. Las cámaras, los registros telefónicos y los datos de geolocalización pueden ayudar a confirmar o desmentir partes de la historia.
También llama la atención la forma en que terminó el episodio. Se informó que sus captores lo soltaron, también se dijo que Almaraz recibió atención médica, pero no se difundió que fuera trasladado en ambulancia. ¿Dónde fue valorado?, ¿qué lesiones presentaba?, ¿existe un certificado médico?. La atención médica (medicina de crisis) posterior a un secuestro no es un detalle menor: es indispensable para documentar el estado de la víctima y posibles indicios del delito.
Almaraz, aparece en un vehículo blindado, no salió en ambulancia, eso no demuestra que el secuestro haya sido falso. Pero sí obliga a transparentar cómo fue atendido y cuál fue su condición al ser localizado.
El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y las instituciones federales participaron en la coordinación de las acciones de localización. Su intervención merece reconocimiento, pero tampoco debe utilizarse para cerrar prematuramente un expediente que apenas comienza; ni para tapar lo ocurrido en Matamoros el 29 de octubre, donde elementos de la Guardia Estatal, asesinaron a una niña de 7 años; en un operativo que precisamente encabezaron las fuerzas de Harfuch.
¿Quiénes lo secuestraron?, ¿qué querían?, ¿por qué lo liberaron?, ¿hubo exigencias económicas?, ¿qué información aportó el alcalde a las autoridades?.
La Fiscalía de Zacatecas, por ser el lugar donde ocurrieron los hechos, debe esclarecer el delito; la Fiscalía de Tamaulipas debe investigar lo que corresponda y el Congreso tamaulipeco tiene que revisar las responsabilidades políticas y administrativas que procedan.
Porque una cosa es haber recuperado la libertad y otra muy distinta haber aclarado lo sucedido. Almaraz tiene una obligación política y moral de explicar públicamente las circunstancias de su viaje y su secuestro. No basta con aparecer de nuevo, agradecer y dar vuelta a la página.
Su credibilidad tampoco es un asunto menor. Su trayectoria ha estado marcada por controversias y versiones que han generado desconfianza. Por eso, cualquier contradicción en su relato debe ser aclarada con documentos y pruebas, no con discursos.
El cuento de Pedrito y el Lobo viene a colación: cuando la credibilidad está desgastada, hasta la verdad necesita pruebas para ser creída: ¿Secuestrado, ajuste de cuentas o una historia que todavía no nos han contado completa?.
En este caso no debe haber verdades a medias, expedientes reservados para proteger reputaciones ni investigaciones a modo. Que se investigue todo. Que se conozca la verdad. Porque Almaraz volvió a casa, pero las preguntas se quedaron en la carretera y sin duda a este “bandido” el puesto lo ha salado.