Militarización “sinónimo de corrupción” en Puertos y Aduanas
La captura del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el 2 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco; ciudad-base de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), deja al descubierto que el poder corruptor del crimen organizado se ha infiltrado hasta en las más altas espera de la Secretaría de Marina.
El detenido, no es cualquier hijo de vecino, está emparentado políticamente con quien fuera el titular de la SEMAR, el Almirante Rafael Ojeda, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y hasta enero se desempeñó como Comandante de la Zona Naval XII en Puerto Vallarta.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública Ciudadana, declaró que además del Vicealmirante, varios empresarios fueron capturados y conforme avance la investigación, habrá más detenciones; a raíz del decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos asegurados en marzo en el puerto de Tampico, Tamaulipas al mega-buque “Challenge Procyon” proveniente de Texas, EU.
Este hecho desnudó una red de huachicoleo internacional, que contrabandeaba con apoyo institucional y de altos funcionarios del gobierno petróleo crudo robado a Pemex a otros países. Estados Unidos, tiene todo documentado, el hidrocarburo robado era enviado a Japón, Turquía e India, entre otros países del mundo.
Se trataba de una empresa criminal transnacional (ECT), cuyo principal socio es el CJNG, que utiliza empresas fachada, como: Comexperts, Doble Erre, Atax y Mefra Fletes y estas a su vez cruzaban operaciones de exportación con la compañía norteamericana Maxim Crude Oil, de la familia Jensen, la que enfrenta cargos en los EU.
En abril de este año, Francisco Javier Antonio Martínez, entonces director de Administración y Finanzas de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico, fue señalado por MCCI de tener una vida llena de lujos y riqueza que no coincidía con sus ingresos y además de estar asociado con la Comercializadora de Bienes y Servicios de Nuevo León BELURE de Ricardo Ayón Rodríguez y Ramiro Rocha Alvarado, accionistas de INTANZA, empresa que “importó” el diésel de manera ilegal al puerto de Tampico desde Beaunmont, Texas.
El 4 de septiembre, este funcionario fue detenido por las autoridades federales y lo curioso, de este caso, es que fue la Marina, la que desmanteló en mayo a ASIPONA Tampico, separó del cargo a varios funcionarios portuarios y aduaneros, entre ellos a Martínez y al titular de la aduana de esa ciudad, al Contraalmirante Luis Jorge Goicochea Sotomayor y resulta que el Vicealmirante Frías Laguna, también formaba parte de esta organización criminal. Irónico.
EN CONTRAPARTIDA, para analizar lo anterior, primero debemos conocer cómo se encuentra diseñado el reparto del poder que López Obrador le otorgó a los militares como rebanadas del pastel político que desde época de Lázaro Cárdenas no se observaba en México.
López Obrador, creó la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que tiene su sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que presuntamente concesionó a militares en retiro, con la intención de tenerlos tranquilos; pero a estos la SEDENA y la SEMAR, les arrebató el pastel, y tales posiciones son solo para jefes militares en activo.
La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, y aduanas marítimas, quedó por orden de AMLO bajo el control de la Secretaría de Marina; las ASIPONAS las manejan los altos jefes de la SEMAR.
El control de las aduanas fronterizas, por donde entran las armas de los EU que abastecen al crimen organizado, e incluso el huachicol por pipas, quedó a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
LaANAM,solo es un elefante blanco, que no tiene el control operativo de nada, los militares en activo le comieron el pastel y aunque México nunca ha sido una dictadura militar, el gobierno populista de López Obrador para mantenerlos excluidos del poder político les concesionó los puertos y las aduanas a los militares, pero ya sucumbieron a la tentación del dinero sucio, que proviene de actividades ilícitas del crimen organizado.
Nuestro país después de la revolución de 1910, no hemos tenido dictaduras militares en el sentido clásico, ni siquiera el del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) es considerado de esa manera; pero si han existido gobiernos autoritarios, que se apoyaron en el militarismo, como el régimen de Plutarco Elías Calles, a quien se le considera el creador del Partido Nacional Revolucionario (PNR), precursor del PRI.
El ejemplo más claro de un gobierno autoritario, fue el de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), tampoco es considerado como dictadura, pero utilizó al Ejército para asesinar estudiantes en aquel inolvidable 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco.
La diferencia entre el gobierno populista de AMLO y los anteriores; es que los ya mencionados autoritarios mantuvieron a los militares excluidos del poder político, los utilizaron para reprimir es cierto, pero la única concesión que tuvieron fueron sus cuarteles; en el caso de López Obrador, si bien no los usó con fines represivos, ni tampoco les dio jugada política; si les otorgó obras, grandes presupuestos, así como los puertos y aduanas por donde fluye a borbollones grandes cantidades de dinero por el tráfico ilícito de huachicol, drogas, dinero, municiones y armas.
Al Ejército y a la Marina, no les va gustar, que el gobierno de Claudia Sheinbaum, les manche el uniforme y que un civil como Omar García Harfuch, los exhiba a nivel internacional como corruptos.
La pregunta clave: ¿está el gobierno de Claudia Sheinbaum, a tiempo de sacar a los militares en activo de los puertos y aduanas; y dejar que la ANAM haga su trabajo para lo que fue creada o lo va a dejar tal como están?.
El amasiato entre los jefes militares y crimen organizado en las aduanas y puertos, es ya una realidad, la detención del Vicealmirante Farías Laguna, es solo la muestra, del poder corruptor del crimen organizado en México.
