N. de R.- Desde el 20 de abril, las oficinas del Registro Agrario Nacional, fueron tomadas por trabajadores sindicalizados, por lo que esta investigación se interrumpió por un tiempo.
A tres décadas de la reforma al artículo 27 constitucional, que abrió la posibilidad de vender terrenos ejidales, según el Registro Agrario Nacional (RAN), las mejores tierras han sido acaparadas por particulares a través de contratos de arrendamiento, uso y usufructo – y muchos de ellos leoninos–, así como de estrategias legales e ilegales.
La mayoría de los convenios para rentar terrenos ejidales no son reportados al RAN, pues no es obligatorio hacerlo, y a veces la “compra-venta” simulada o el “rentísmo” parcelario, resulta fraudulento, pues, aunque tenga el título agrario, y avalada por el 75 % de los miembros de la Asamblea Ejidal, y se convierten en propiedad privada, aunque no tenga validez jurídica.
Y este es el caso del Ejido Padilla del municipio de Tula, Tamaulipas.
DEL “RENTISMO” AL DESPOJO PARCELARIO CON AGUA A RAUDALES Y MURIENDOSE DE SED
Establecido en un inagotable manto acuífero, con siete pozos para extraer el vital líquido, de los cuales solo dos están al servicio de los habitantes del Ejido, y los otros cinco, exclusivo para el servicio del Señor Verlage, aunque el grupo contrario o disidente compran agua a mil pesos por Pipa.
Son ricos en agua y están muriéndose de sed; sufren la pobreza, mientras que el agricultor Wilhem Verlage Thomas, incrementa su riqueza exportando cientos de toneladas en sandía a los Estados Unidos.
Con la esperanza y un esfuerzo inigualable por lograr unas parcelas ejidales que sembrar y con trámites interminables, a veces, con gestiones infructuosas, y pleitos legales y familiares, que aún los mantiene en la lucha, 25 familiares se unieron, entre hermanos, primos y sobrinos, la mayoría de apellido Rosales, y conformaron el Ejido “Padilla” de Tula, Tamaulipas, que lo convirtieron en las mejores tierras, donde se cosechan y se exportan miles de toneladas de Sandía al extranjero, pero no han obtenido, desde entonces, ningún beneficio
Ante el Notario Público 251, Rodolfo Sánchez Nieto con sede en Tula y de testigo, el Visitador de la Procuraduría Agraria, el Ingeniero Oscar Navarro Delgado, el 25 de octubre del 2005, es decir, hace 18 años, se formalizó de la constitución del Ejido Padilla, en su primera Asamblea que inició con 25 y terminó con once ejidatarios.
Más de mitad, no estuvo conforme con la repartición de tierras y parcelas.
Desde entonces, viene el conflicto insuperable, y tal parece que, sin arreglo y sin conciliación de las partes involucradas, la mayoría: familiares.
Sin embargo, el problema de fondo y de origen, como sucede en muchos ejidos del Estado, es la indolencia, la burocracia “y los arreglos misteriosos por debajo de la mesa” de los funcionarios como Oscar González, Jefe de Residente de la Procuraduría Agraria, ubicada en las calles de 20 y Ocampo de Ciudad Victoria, de los tramitadores del Registro Agrario Nacional, RAN, de los abogados del Tribunal Agrario y la Comisión Nacional del Agua, además de las autoridades del Estado, desde el sexenio de Eugenio Hernández a la fecha.
Y también hay abogados litigantes que han sorprendido a los ejidatarios en la lucha por sus derechos, como la abogada Minerva Elizabeth Ruiz Tudón, quien se “extravió” con todo y documentos originales y hasta la fecha no ha dado la cara. Según dicen los quejosos, que el agricultor Verlage, “le llegó al precio”.
En este episodio, ni están todos los que son, ni son todos los que están.
En esta operación fraudulenta de Cesión de Derechos sobre tierras de uso común sin reserva ni limitación alguna, firmaron 17 personas que ni son ejidatarios ni vivían el ejido en ese tiempo y en la actualidad tampoco.
Lo que significa que hubo un fraude en toda la extensión y expresión del delito, donde está involucrada la Notaria 226, los integrantes del Comisariado Ejidal, el comprador Wilhem Verlage Thomas y la misma Conagua, el Notario 251 de Tula y Oscar Navarro Delgado de la Procuraduría Agraria, más ll que se acumulen en esta investigación.
He aquí la historia:
Ocho años después de constituirse como Ejido -septiembre del 2005-, el 12 de febrero del 2013, vendieron o cedieron los derechos sobre uso y usufructo de 500 de tierras de las 5,810 hectáreas que tiene el Ejido al agricultor Wilhem Verlage Thomas y la operación de compraventa, la hicieron ante el Notario Público 226, Raúl Flores Morán con sede en Ciudad Victoria, y con la Certificación Número 24934.
Los miembros del Comisariado, Juan Rosales Catete, Pablo Rosales Córdoba y Ramón Rosales de León, en su calidad de presidente, Secretario y Tesorero, firmaron la operación junto con el agricultor Wilhem Verlage.
Sin embargo, en el Acta Certificada con número 25178 del 10 de abril del 2013, donde se cuenta de la operación de compra venta de las 500 hectáreas sorprendieron la buena fe del Notario Público No. 226, ya fallecido, Raúl Flores Morán, porque también firmaron o al menos presentaron sus “documentos falsos” 17 (Diecisiete) Cedentes, es decir, que cedieron los derechos de uso de las 500 hectáreas.
He aquí los 17 nombres, cotejados, comprobados por este reportero, muchos de ellos aún viven, que cometieron fraude, al vender una propiedad que no es de ellos, falsear información, y cobrar un dinero que no les pertenece, y al responsable de la Notaria por prestarse a cometer este delito, pero lo más importante, es que el señor Wilhem Verlage, le compró a cedentes que ni son ejidatarios ni viven en el Ejido, pero firmaron con tales, según los denunciantes, Blas Rosales y Magdaleno Rosales Catete.
Los cuatro hermanos, Yolanda, Joel, Felipe de Jesús y Raúl Rosales Palmillas; otros tres hermanos: Ángel, Eleazar y Ascensión Rosales Carreón; y otros cuatro hermanitos: Mario, Erasmo, Víctor y Gonzala Rosales Meza; otros tres hermanos más, Juana, Ramón y Jesús Rosales de León, además, Ismael Carreón Rosales.
Todos son familiares, primos, hermanos o parientes cercanos, pero todos son parte de esta venta fraudulenta porque no cuentan con Certificados Parcelarios, como lo estipula el Programa de Certificados de Derechos Ejidales, PROCEDE, por lo que fueron separados de su derecho de voz y voto en las Asambleas el primero de enero del 2010.
Aun así, con todo y conflicto, se llevó a cabo la venta y el precio fue de $ 4,500.000.00. (cuatro millones quinientos mil pesos) Es decir, 9 mil pesos por hectárea. En una presentación se entregó Un millón de pesos, y quedando los otros tres 500 en tres pagos subsecuentes. Quien recibió el dinero fue Pablo Rosales Córdoba.
El 24 de junio, el mero día de San Juan, del año 2015, hubo más vendedores de sus derechos parcelarios del mismo Ejido Padilla ante el mismo Notario Adscrito No. 71 de ciudad Victoria, Licenciado Héctor Luis Tejeda Ramírez, el mismo comprador, Wilhem Verlage Thomas y con otros prestanombres como Arnoldo Aguirre Ramos, Claudia Lorena Tello Naranjo, Martha Lyn Thomas Aguirre y José Raúl Salinas Cortez.
El precio oscila en $1,440 mil pesos (un millón cuatrocientos cuarenta mil pesos) de un promedio de 159 hectáreas por ejidatario vendedor parcelario. Es decir, el señor Verlage desembolsó casi seis millones de pesos por 696 hectáreas del mismo Ejido.
¿Tanto dinero deja el negocio de la sandía?
Los vendedores con sus respectivos Certificados ante el Registro Agrario Nacional, RAN, son Bernardo Rosales Córdova con número de certificado 42317, el 11 de noviembre del 2005, bajo el folio 28FC00036584.
Ismael Carreón Rosales, con número 42333; Víctor Rosales Meza con número del RAN 50167; Yolanda Rosales Palmillas, con número 42319;
Y estas transacciones o ventas ¿fraudulentas?, fueron certificadas por el Ingeniero Esteban Terán López, subdelegado Técnico del RAN en Tamaulipas el 26 de mayo del 2017. Es decir, existen como pruebas en el Registro Agrario Nacional.
El veinte de enero del 2017, luego de un largo Juicio de Nulidad de Actos y Documentos, según el Expediente 704/2016, la licenciada María de Lourdes Claudia Martínez, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, del Distrito Número 30, resuelve en contra de ejidatarios inconformes y hace valer que los vendedores de las parcelas 142,143,138,139,141 y 140, si son auténticos ejidatarios cuando en la realidad, ni son ejidatarios ni vivían en Ejido.
Por lo que los auténticos dueños de las 700 hectáreas ejidales donde se siembra y se cosecha sandía por toneladas, tienen su Certificado de Derechos sobre tierras de Uso Común del Ejido Padilla, municipio de Tula y pertenecen a los siguientes propietarios: Arnoldo Aguirre Ramos, con certificado con su clave catastral F14A57P058A; Wilhem Verlage Thomas,con clave catastral F14A57P058A; José Raúl Salinas Cortez con clave catastral F14A57P058A; Claudia Lorena Tello Naranjo y Martha Lyn Thomas Uribe.
Todos los propietarios, coinciden con la misma clave catastral.
Interesante, ¿No?
Estos certificados fueron firmados por el Delegado en Registro Agrario Nacional en Tamaulipas, Hermenegildo García Walle el 13 de agosto del 2015.
